La Ley de Bienestar Animal se enfrenta en el Senado a 4 vetos y casi 450 enmiendas

El día 9 de febrero el Congreso de los Diputados daba finalmente su aprobación a la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales en una sesión plenaria en la que también recibió el visto bueno de la cámara la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal.

La aprobación por el Congreso de los Diputados se produjo después de que la norma pasara por un periodo turbulento en el que los socios de Gobierno PSOE y Unidas Podemos se enfrentaron por la enmienda de los socialistas que excluye a los perros de caza de la ley.

Finalmente, tras un acuerdo in extremis en el Gobierno de coalición, la norma acabó saliendo adelante, continuando su tramitación parlamentaria en el Senado, donde este jueves 23 de febrero tuvo lugar un encuentro para fijar las fechas de reunión de Ponencia y Comisión para la tramitación de los proyectos.

Tras esta reunión, los diferentes grupos políticos con representación en el Senado han presentado una serie de vetos y enmiendas a ambos proyectos legislativos, que se están tramitando de urgencia en la Cámara Alta.

En el caso de la ley de bienestar animal, ha recibido 4 vetos y un total de 449 enmiendas; y en el de la modificación del Código Penal en materia de maltrato animal, 2 vetos y 76 enmiendas.

Respecto a los vetos recibidos por la ley de bienestar animal, el principal partido de la oposición en el Senado, el PP, argumenta su veto señalando que la norma ha generado un “amplio rechazo social de todos los sectores relacionados”.

Así mencionan al sector del cuidado de los animales, asociaciones de razas autóctonas, sector comercial asociado, asociaciones deportivas, cinegéticas, zoos, organizaciones profesionales agrarias y ganaderas, colegios profesionales, veterinarios, y en general “todo el mundo rural y el ámbito profesional relacionado con los animales de compañía”.

En este sentido, recientemente, la Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha emitido una serie de observaciones a la Ley de Protección Animal dirigidas a los grupos parlamentarios del Senado entre las que insiste en las carencias y disfunciones del texto a la hora de su aplicación práctica.

LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL “NO CUENTA CON EL CONSENSO MAYORITARIO”

Desde el PP defienden su veto destacando que “cientos de científicos ratificaban una carta que advertía de las fatales consecuencias de la nueva ley sobre la conservación de la biodiversidad”, haciendo referencia a las colonias felinas.

“A lo largo de todo el proceso, muchas organizaciones se han quejado y continúan quejándose de la poca receptividad del gobierno y la escasa incorporación de sus aportaciones en el texto que se somete a trámite”, subrayan desde el PP.

Por otro lado, los populares recuerdan el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), publicado el 9 de junio, donde se ponían de manifiesto algunas carencias del anteproyecto de ley.

“En definitiva, tras el largo periodo de tramitación, podemos considerar que el proceso es sustancialmente mejorable, en cuanto a recopilación de información, y que el documento final no cuenta con el consenso mayoritario de los sectores afectados”, remarcan.

Para concluir, el PP apunta que “sería deseable abrir un espacio de reflexión con los sectores afectados que diera lugar a un texto más consensuado que pusiera por delante el bienestar de los animales frente a otros intereses”; y además critican que “tras más de dos años de tramitación interna, y un retraso considerable, el gobierno solicite la tramitación de urgencia del texto legislativo, reservado a asuntos que por su entidad precisan de este tratamiento diferenciado”.

Sobre qué ocurrirá ahora tras la presentación de los vetos, estos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del Senado y las enmiendas por mayoría simple. En uno y otro caso, estas iniciativas son remitidas al Congreso.

Por su parte, el Congreso de los Diputados puede levantar el veto ratificando por mayoría absoluta el texto que remitió al Senado, o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo. El Congreso, asimismo, se puede pronunciar sobre las enmiendas del Senado, aceptándolas o no por mayoría.