La Ley de Derechos de los Animales recibe el visto bueno definitivo del Consejo de Ministros

El pasado 18 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales, la primera norma estatal que regula la relación con los animales de compañía en España.

Esta aprobación estuvo marcada por ciertas desavenencias entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (del PSOE) y el de Derechos Sociales y Agenda 2030 (de Podemos), en relación a algunos aspectos que el proyecto de ley pretende regular.

Unos desacuerdos que, según explicaron desde el Gobierno a Animal’s Health, pudieron solventarse tras modificar una serie de puntos relativos a los perros de caza y de trabajo que, en la última versión del borrador del anteproyecto, gozaban de un apartado propio.

Tras realizar ajustes en el texto, el Ministerio de Derechos Sociales publicó un nuevo borrador, sometiendo el anteproyecto de ley a audiencia pública el pasado 8 de marzo, un proceso que finalizó el 29 de ese mismo mes.

Finalmente, unos 4 meses después, en la tarde de este lunes 1 de agosto, el anteproyecto de ley ha vuelto al Consejo de Ministros, donde ha recibido, por segunda vez, el visto bueno del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.

De esta manera, el ahora proyecto de ley inicia su tramitación parlamentaria y llegará, en primer lugar, al Congreso de los Diputados, donde se espera que encuentre cierta oposición por parte de algunos sectores de la política española.

Y es que, los borradores anteriores del proyecto de ley contenían algunas medidas que han generado polémica como la prohibición de la venta de animales en tiendas y la cría de mascotas por particulares o la esterilización obligatoria de mascotas en numerosos supuestos.

De hecho, instituciones de todo el país, incluidas veterinarias, se reunieron para mostrar su rechazo ante la Ley de Protección Animal y aunar esfuerzos para dotarla de criterios científicos y técnicos.

Por otro lado, no hay que olvidar que en el mes de junio la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia emitió un informe sobre el Anteproyecto de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales en el que pedía “un menor grado de intervención administrativa”, dando así un toque al Gobierno, antes de la aprobación de la ley por el Consejo de Ministros.

FUNDAMENTO DEL PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE DERECHOS Y BIENESTAR ANIMAL 

Las circunstancias actuales de integración de los animales en la sociedad y la heterogénea normativa autonómica sobre protección y bienestar de los animales de compañía silvestres en cautividad establecen la necesidad de una normativa básica para todo el territorio nacional en materia de protección y bienestar animal.

Este proyecto pretende integrar, coordinar y clarificar en una única norma de rango legal el régimen jurídico en materia de tenencia y convivencia responsable con animales, lucha contra el abandono y maltrato de animales que viven en el entorno humano, impulsar la actuación coordinada de los poderes públicos en favor del fomento de la protección y bienestar animal y establecer un sistema de información centralizado en materia de protección animal como instrumento de colaboración con todas las entidades y administraciones públicas en el desempeño de sus competencias de protección y bienestar animal.

El proyecto articula mediante distintos instrumentos de coordinación el ejercicio de las respectivas competencias de las comunidades autónomas y entes locales en materia de protección y bienestar animal.

Pretende implementar mecanismos legales con el fin de prevenir el alto grado de maltrato y abandono de animales en nuestro país, estableciendo un marco general de protección y bienestar animal para todo el territorio nacional.

Uno de los objetivos fundamentales es racionalizar, simplificar y dotar de coherencia al régimen jurídico de la protección animal estableciendo unas obligaciones comunes para todos los ciudadanos que sean titulares o responsables de animales de compañía o silvestres en cautividad, con independencia de su lugar de residencia, así como criterios homogéneos respecto al trato con animales abandonados, extraviados, desamparados o urbanos.

La tenencia responsable de animales de compañía es uno de los puntos fundamentales del proyecto, que se vuelca en introducir un nuevo concepto de integración de los animales en la sociedad y tenencia responsable en los ámbitos de convivencia, sanidad y respeto por los derechos de los animales.

La demanda social de establecer con carácter general la política de sacrificio cero para todo tipo de animales incluidos en el ámbito de aplicación de la ley, contemplándose excepciones a dicha política, exclusivamente por criterios veterinarios, de seguridad o de salud pública, viene acompañada de una serie de medidas para conseguir el abandono cero, fundamental para el éxito de los objetivos que se pretenden alcanzar.

Para conseguir el abandono cero y el éxito de los objetivos planteados en el proyecto, se establecen algunas medidas fundamentales, como el control y registro de la cría y venta de animales de compañía mediante criterios orientados a evitar la sobreexplotación, la cría y venta incontrolada, y fomentar la educación y formación de la sociedad para evitar la proliferación de abandonos.

El proyecto, además, establecerá mecanismos orientados a reducir el maltrato y mejorar el funcionamiento de profesionales y colectivos relacionados con los animales de compañía, como la limitación de la utilización de animales en eventos públicos, la regulación de las entidades de protección animal o de los profesionales del comportamiento o el establecimiento de algunas formaciones mínimas para ejercer las distintas actividades.

Uno de los puntos más significativos del proyecto es el establecimiento de un listado positivo de animales de compañía, que regulará qué animales pueden ser objeto de esta definición y, por tanto, de la convivencia en los hogares.

Por último, el proyecto establecerá las obligaciones de las administraciones públicas en materia de protección animal, teniendo como objetivo, además, facilitar la función inspectora y de vigilancia para prevenir las situaciones de maltrato animal y racionalizar, homogeneizar y dotar de proporcionalidad al régimen de infracciones y sanciones en materia de protección animal.