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POLÍTICA

La cotización de los estudiantes de veterinaria "no puede ser una traba"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha asegurado que la cotización obligatoria en la Seguridad Social no puede convertirse en una traba que empeore la calidad educativa, siendo un reto para el Gobierno

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Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional.

La cotización de los estudiantes de veterinaria "no puede ser una traba"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha asegurado que la cotización obligatoria en la Seguridad Social no puede convertirse en una traba que empeore la calidad educativa, siendo un reto para el Gobierno

Jorge Jiménez Rodríguez - 05-02-2019 - 12:45 H

Durante la Comisión de Educación y Formación Profesional celebrada hoy, martes 5 de enero de 2019, en el Congreso de los Diputados, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha comparecido para explicar el impacto de la cotización obligatoria de todos los estudiantes en prácticas, entre los que se encuentran los de Veterinaria, recogido en el Real Decreto-ley 28/2018.

En primer lugar, Celaá ha disculpado su falta de concreción en el tema por lo “anticipado” de la comparecencia, y ha explicado que el Real Decreto aún “tiene que desarrollarse”, por lo que durante su discusión parlamentaria “podrán hacerse enmiendas al respecto”.

En cuanto a las cotizaciones de los estudiantes, contempladas en la disposición adicional quinta del Real Decreto, Celaá ha subrayado la importancia de “reflexionar” sobre el cumplimiento de las obligaciones, “para que estas no supongan la desincentivación de la participación del sector productivo en su colaboración con el mundo educativo".

En esta línea, la ministra ha admitido que tanto empresarios como centros de trabajo “no se muestran partidarios” de asumir los costes de las cotizaciones, y que trasladar el gasto a las Universidades repercutiría negativamente en las mismas, e inflaría los presupuestos de las distintas comunidades autónomas.

Para evitar esto, la ministra ha recordado que aún está pendiente el debate entre los partidos políticos para acordar una solución, ya que, según ha remarcado, la medida “no puede terminar siendo una traba que empeore la calidad educativa o brinde menos oportunidades en la formación”.

En este sentido, la ministra ha insistido en que el objetivo principal del Ejecutivo es que este Real Decreto sea “la extensión de un derecho”, y refuerce “la protección social de los estudiantes, mejorando las condiciones en las que se desarrollan las actividades formativas”.

“El nuevo reto al que se enfrenta este Gobierno es el de actualizar, modernizar y hacer coherente con nuestro sistema el sector educativo, pero sin perjudicar lo más mínimo la misión de la enseñanza, corrigiendo los excesos que a su amparo se hayan producido”, ha señalado Celaá.

Por último, la ministra ha querido hacer hincapié en que el Gobierno “no va a permitir” que la medida pueda ir en detrimento del sistema educativo. No obstante, ha recordado que durante la tramitación parlamentaria del Real Decreto “todo el mundo tendrá la oportunidad de fijar posición conociendo las líneas de su desarrollo y los efectos que puede causar en el sector formativo”.

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