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POLÍTICA

Juicio en Melilla por prevaricación en el protocolo de fiebre aftosa

La consejera de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma ha sido llamada a declarar en un juicio por, presuntamente, prevaricar al prohibir el paso de borregos desde Marruecos durante la celebración del Aid El Kebir de 2018

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Paz Velázquez, consejera de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Juicio en Melilla por prevaricación en el protocolo de fiebre aftosa

La consejera de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma ha sido llamada a declarar en un juicio por, presuntamente, prevaricar al prohibir el paso de borregos desde Marruecos durante la celebración del Aid El Kebir de 2018

Francisco Ramón López - 16-05-2019 - 12:43 H

El Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla ha citado a la consejera de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma, Paz Velázquez, para tomarle declaración el 12 de junio sobre su actuación en el paso de borregos procedentes de Marruecos para la celebración del Aid El Kebir, celebración conocida como la Pascua musulmana, del año pasado.

Esta citación se produce tras la denuncia presentada el pasado 20 de marzo por el partido Coalición por Melilla (CPM) contra Velázquez y también contra el secretario técnico de Coordinación y Medio Ambiente, José Luis Villaseca. Ambos han sido llamados a declarar.

Según la denuncia presentada por el CPM, el principal partido musulmán de la ciudad, Velázquez bloqueó el año pasado la entrada de borregos a Melilla mediante una resolución por la que se negaba a permitir el uso del matadero municipal para los animales importados por particulares desde Marruecos.

La orden establecía que solo los animales destinados a instalaciones ganaderas podrían cruzar la frontera. El problema es que como Melilla carece de tales instalaciones, el CPM solicitó a la Ciudad Autónoma que autorizase entonces el matadero como lugar de destino, a lo que Velázquez se negó.

Para el partido islamista, aquella decisión fue "injusta" y "arbitraria", ya que suponía desobedecer una orden ministerial aprobada por el Gobierno que, de hecho, permitía a particulares, de manera excepcional, el paso de ganado tanto ovino como caprino por la frontera como excepción a la normativa europea, que prohíbe la importación de animales que puedan contagiar la fiebre aftosa, una enfermedad que actualmente no está controlada en Marruecos.

El auto judicial ha sido mostrado en rueda de prensa por el presidente del CPM Mustafa Aberchán. En el texto se ordena instruir diligencias sobre este caso porque el juez considera que la consecuencia de la actuación de la consejera "presenta características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa".

Aberchán, que se encuentra entre las personas que presentaron la denuncia, ha considerado que, tras este auto, es "una certeza" que CPM "fue respetuoso con el ordenamiento jurídico" y que la consejera de Presidencia "no solo le dio una patada, sino que además se mofó de todo el Pueblo de Melilla en una festividad que compromete a todos los ciudadanos".

Por ello, el líder cepemista ha señalado al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, como "el máximo responsable político" porque en unas declaraciones públicas aseveró que la Ley 8/2003 le amparaba en la interpretación de lo que estaban haciendo desde el Gobierno de Melilla.

Aberchán no descarta que se le puedan exigir responsabilidades políticas, ya que ha recordado que en este asunto se han dado cinco órdenes ministeriales, dos de las cuales han sido desobedecidas, según CPM, lo que también supone un incumplimiento de la legislación vigente, la normativa europea y de los preceptos constitucionales.

Por último, Aberchán ha criticado la postura que el PSOE "suele mostrar en estos asuntos" ya que considera que lo lógico y razonable hubiera sido que el Abogado del Estado o la Delegación del Gobierno hubieran presentado la querella que impulsó CPM y que ha terminado con la imputación de la consejera, de ahí que haya instado a los socialistas a reflexionar y a personarse en esta causa abierta.

Imbroda, por su parte, ha afirmado tras conocer la resolución  que las diligencias no tendrán ninguna consecuencia legal y que el Gobierno de la Ciudad Autónoma solo aplicó la normativa vigente, “precisamente para no prevaricar”.

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