A juicio un alcalde tras obtener una ayuda ilegal de más de 50.000 euros para su clínica veterinaria

Según informan desde el PSOE de León en un comunicado, el alcalde de Cabañas Raras, el popular Juan Marcos López Gutiérrez, tendrá que sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de León los días 27 y 28 de marzo acusado de los delitos de prevaricación, fraude, malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias tras la denuncia formulada por el concejal socialista Antonio Puerto González.

La acusación, explican los socialistas, se refiere a la adjudicación de la parcela nº 97 del Polígono Industrial de Cabañas Raras en la que la empresa Clínica Veterinaria Bierzoo SLP, propiedad del alcalde y su esposa, construyó un crematorio de mascotas.

Así, el PSOE señala que, según el auto del Juzgado nº 8 de Ponferrada, López Gutiérrez, que era administrador de la entidad Mercantil Clínica Veterinaria Bierzoo SLP, “a sabiendas de su ilegalidad y del deber que tenía de abstenerse, tanto para solicitar las ayudas para proyectos de inversión para el desarrollo alternativo de las zonas mineras para el 2014, como para firmar como autoridad en el procedimiento de la licencia de construcción y licencia ambiental de la parcela 97 del polígono industrial de Cabañas Raras, al igual que presidir la comisión que abrió las plicas el 11 de mayo de 2016 en la cual se incluía la plica de Clínica Veterinaria Bierzoo SLP con su oferta, siendo el único postor, e igualmente emitir su voto en el acto del pleno extraordinario del día 12 de mayo de 2016, en la cual se aprobó por unanimidad la adjudicación definitiva de la parcela 97, consiguió obtener una ayuda para Clínica Veterinaria Bierzoo SLP por importe de 53.819,92 €”.

“El expediente administrativo se hizo sin respetar de modo alguno el procedimiento legalmente establecido al faltar y omitirse informes y trámites preceptivos (…) Tampoco consta que se publicara la convocatoria del procedimiento en el BOP ni en otro diario oficial”, continua el auto que comparte el PSOE.

Asimismo, según detallan desde el partido, el auto añade que “la empresa adjudicataria es propiedad del alcalde y su esposa, quien presenta la propuesta y declara no estar incursa en ninguna prohibición de las previstas en la ley para contratar con las administraciones públicas”.

Por otro lado, y según el mismo documento en el que se basa el PSOE, la subvención obtenida, que califican de “ilegal”, para el establecimiento de una industria en terrenos de titularidad municipal se solicitó dos años antes de iniciar el procedimiento de enajenación pública, iniciando legalmente los trámites de obtención de licencia ambiental en el año 2015.

“Se da la circunstancia de que el regidor popular se adjudicó la parcela por debajo del precio mínimo de licitación y que, al contrario de lo exigido para el resto de licitadores, no pagó el importe de la parcela hasta haber sido notificado de la denuncia interpuesta por el socialista Antonio Puerto González”, apuntan desde el PSOE.

Las penas íntegras solicitadas por la acusación particular y la fiscalía, señala el partido, alcanzan los 5 años de prisión, multa de dieciocho meses e inhabilitación especial y pérdida del derecho de sufragio pasivo de 8 años.