Las iniciativas legislativas de salud animal y veterinaria que impulsará el Gobierno este 2023

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el Plan Anual Normativo 2023, que contiene todas las normas que prevé aprobar a lo largo de este año. Un total de 117 iniciativas: 3 leyes orgánicas, 33 leyes ordinarias y 81 reales decretos.

Se trata de un documento en el que se incluyen las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos departamentos ministeriales prevén elevar durante 2023 al Consejo de Ministros para su aprobación.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, precisó en rueda de prensa que el plan es “una hoja de ruta para culminar la legislatura”. “Hemos aprobado 124 normas en lo que va de legislatura y tres Presupuestos Generales del Estado, en línea con lo que queremos para nuestro país: que sea más moderno, con una economía más sostenible, apostando por la transición ecológica, la digitalización, la igualdad y la cohesión social y territorial”, explicó.

En el documento del plan normativo hay algunas normas relacionadas con la salud animal y la veterinaria. Así, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad adelanta que se llevará al Consejo de Ministros la Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio.

La norma, detallan desde Sanidad, “tiene como objetivo actualizar el texto refundido a las exigencias y avances comunitarios e internacionales surgidos en los últimos años desde la aprobación de la ley en materia de medicamentos de uso humano y veterinarios, productos sanitarios, cosméticos, biocidas de uso personal y productos de cuidado personal”.

Esta ley, que ha superado su proceso de consulta pública previa, regula a nivel estatal los medicamentos veterinarios, incluida su prescripción y dispensación. El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (Colvema) ya pidió que esta reforma actualizara la normativa referente a la dispensación de medicamentos veterinarios.

En este sentido, presentó observaciones en el periodo de consulta en las que solicitaba que los medicamentos sujetos a prescripción veterinaria, cuando sean necesarios en el proceso curativo de una determinada patología, puedan ser suministrados y controlados por los veterinarios responsables de dichos tratamientos, con la finalidad de cubrir el proceso completo dirigido al cuidado, prevención y curación del animal, hasta el final del tratamiento.

AGENCIA ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

Según recoge el documento, este será también el año en el que debería regresar al Consejo de Ministros la Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011 General de Salud Pública, de 4 de octubre.

Estaba previsto que esta segunda vuelta se produjera antes de finalizar 2022, pero finalmente no fue así. El objetivo de la norma es crear la Agencia Estatal de Salud Pública de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como un organismo público estatal adscrito al Ministerio de Sanidad que ejerza las competencias de vigilancia de la salud pública, análisis y estudio, evaluación de políticas públicas, asesoramiento técnico, propuesta de medidas a las autoridades sanitarias y preparación y coordinación de respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria.

Aunque hasta el momento no se ha concretado qué profesiones compondrán esta agencia, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, adelantó que el centro tendrá muy en cuenta el cambio climático y las zoonosis emergentes que están surgiendo.

A este respecto, el borrador de la Ley, que superó su proceso de audiencia pública, indica que, cuando los problemas de salud afecten a la interfaz hombre-animal-medio ambiente, aplicará el enfoque holístico ‘One Health’, “sin perjuicio de las competencias asignadas a los departamentos con funciones en materia de salud animal, salud vegetal y protección ambiental”.

En la misma línea, Sanidad tiene previsto impulsar el Real Decreto por el que se crea la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública. “Actualmente únicamente está regulada a nivel nacional la vigilancia de las enfermedades transmisibles de declaración obligatoria. De acuerdo a la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, se debe crear y desarrollar la red propuesta que incluya como objeto de vigilancia las enfermedades infecciosas, las no infecciosas, los condicionantes sociales de enfermedad, los riesgos ambientales, la seguridad alimentaria, la salud laboral y las lesiones y violencia”, señalan.

Además, este Real Decreto, apuntan, permitirá adaptar la vigilancia en España a las necesidades y lecciones aprendidas identificadas durante la pandemia de la COVID-19 y a los requerimientos internacionales tanto de la Unión Europea como en el marco de la Organización de Naciones Unidas.

NORMAS PREVISTAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) también ha presentado algunas normas que llegarán al Consejo de Ministros este año. Una de ellas es el Real Decreto por el que se dictan disposiciones para regular el sistema de trazabilidad, identificación y registro de determinadas especies de animales terrestres en cautividad.

El objetivo del Real Decreto, que ha superado su periodo de consulta pública previa, es ofrecer una norma básica del sistema de identificación y registro de los bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos, camélidos, cérvidos, aves de corral, lepóridos y especies peleteras, abejas y psitácidas, adaptándolo a la normativa europea.

Asimismo, está pendiente que llegue al Consejo de Ministros el Real Decreto por el que se establecen disposiciones para la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea sobre controles oficiales en materia de bienestar animal.

En este caso, la norma adaptará la normativa a las modificaciones operadas por el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos y los reglamentos y directivas que regulan el bienestar en los animales de producción y cumplir con la obligación de coordinación eficiente y eficaz entre todas las autoridades involucradas.

El Proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales y el Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal en materia de maltrato animal, que impulsa el Ministerio de Derechos Sociales, no están incluidos en el documento porque ya han iniciado su recorrido legislativo en el Congreso de los Diputados.