El Gobierno no tiene previsto, por ahora, modificar la Ley de Bienestar Animal para regular las urgencias veterinarias

El Gobierno no tiene previsto, por ahora, modificar la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, para regular la existencia de servicios veterinarios de urgencia de guardia, una medida planteada por Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados con el objetivo de que estos funcionen con criterios similares a los de las farmacias de guardia.

Así lo señala el Ejecutivo en una respuesta escrita a la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido García, que había preguntado si el Gobierno contemplaba modificar la Ley de Bienestar Animal o adoptar alguna otra iniciativa normativa para establecer la obligatoriedad de que las comunidades autónomas regulen servicios veterinarios de urgencia de guardia en sus respectivos territorios.

En su pregunta, Valido planteaba garantizar que dichos servicios funcionaran con disponibilidad en horarios no habituales, coordinación de turnos y acceso equitativo en todo el territorio, tomando como referencia el modelo de las farmacias de guardia.

La diputada también preguntaba si el Ejecutivo contemplaba evitar que las tarifas de estos servicios incluyeran recargos adicionales por la condición de urgencia, así como impulsar mecanismos de coordinación con las comunidades autónomas y promover fórmulas de colaboración público-privada que garantizaran la viabilidad económica del sistema sin generar cargas desproporcionadas para los profesionales del sector.

En su respuesta, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 informa de que, “a día de hoy”, el Gobierno no tiene previsto modificar la Ley 7/2023, “debido a que se encuentra completando el desarrollo reglamentario de la misma a través de tres reales decretos que se prevé aprobar en los próximos meses”.

Por ello, el Ejecutivo sostiene que cualquier valoración sobre la necesidad de modificar la Ley de Bienestar Animal deberá realizarse una vez culminado ese desarrollo normativo y evaluado el grado de adecuación que ofrece a las necesidades de protección y bienestar de los animales de compañía que demanda la sociedad española.

No obstante, el Gobierno reconoce el “creciente papel de los animales de compañía como parte integrante de las familias en España” y asegura que, en este sentido, es sensible a la creciente demanda de cuidados veterinarios de calidad que comporta este nuevo rol.

Asimismo, el Ejecutivo advierte de que un planteamiento como el desarrollado en la pregunta de Coalición Canaria debe abordarse con una “visión amplia” que incluya consideraciones sociales, económicas, sanitarias y de bienestar animal.

Además, defiende que una eventual implantación de un sistema de estas características debe debatirse en profundidad con todas las instituciones y sectores que pudieran verse afectados por su puesta en marcha.