El Gobierno destina casi 400.000 euros a reconstruir protectoras de animales dañadas por la DANA y destaca el papel que realizan en Salud Pública

El Gobierno de España ha aprobado este lunes en Consejo de Ministros su segundo Real Decreto Ley dirigido de forma específica a atender la situación de emergencia ocasionado por la DANA.

En esta normativa, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incluido medidas presentadas por Pablo Bustinduy que inciden directamente en las áreas que dirige y con la que ha puesto en marcha lo que ha denominado como «Red de protección social» para las personas afectadas por la DANA.

Entre estas medidas destaca una partida de 50 millones de euros que van a transferirse a los ayuntamientos afectados por la DANA para reforzar sus servicios sociales. El objetivo, ha manifestado Bustinduy, es que los servicios sociales dispongan de los recursos necesarios para atender todas las situaciones de pobreza sobrevenida que, según ha dicho, ha generado esta catástrofe y que se van a traducir también en situaciones de privación material y riesgo severos de exclusión social para miles de personas.

En materia de Derechos Sociales, este Real Decreto Ley recoge subvenciones directas de emergencia a protectoras de animales, es decir, a aquellas entidades destinadas a la custodia y cuidado de animales de compañía extraviados y/o abandonados.

“Es la primera vez en la historia que se aprueban ayudas de este tipo, cuentan con una dotación de 390.000 euros y tienen como objetivo reconstruir las infraestructuras de este tipo que han resultado dañadas en la DANA y que son claves para la atención a animales de compañía y para enfrentar el peligro de salud pública que se ha generado en las zonas afectadas, donde se ha multiplica el número de animales que hay en la vía pública sin ningún control sanitario en un contexto de riesgo epidemiológico infeccioso”, destacan desde Derechos Sociales.

Por otro lado, Derechos Sociales ha introducido en este Real Decreto Ley la flexibilización del plazo para tramitar subvenciones a proyectos de entidades del tercer sector que se hayan visto afectados, tanto en su ejecución como en su justificación, bien porque sus instalaciones hayan sufrido daños, porque haya afectado a sus trabajadoras/es, porque sus plantillas están mermadas o porque han relegado esos proyectos para colaborar con las tareas de emergencia.