Galicia reclama que el Gobierno revise las sanciones de la Ley de Bienestar Animal por ser “desproporcionadas”

La Xunta de Galicia ha reclamado al Gobierno central que revise y modifique lo antes posible el régimen sancionador recogido en la nueva Ley estatal de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que entró en vigor el pasado 29 de septiembre y “está suscitando numerosas dudas, quejas y consultas en la Comunidad relacionadas con su alcance y su aplicación práctica”.

Así se lo trasladó esta mañana la directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo, a los técnicos de la Dirección General de Derechos del Animales de España con los que mantuvo una videoconferencia bilateral para intentar clarificar determinados aspectos de la norma sobre los que la Xunta ya había mostrado su preocupación por escrito en las últimas semanas.

Desde el punto de vista administrativo, Do Campo explicó que una de las principales preocupaciones de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda son las nuevas sanciones fijadas en la ley estatal ya que en algunos casos las cuantías establecidas son “desproporcionadas” y poco acordes con los importes establecidos en el resto del marco normativo sectorial vigente.

A modo de ejemplo, indicó que la sanción por tener un animal de compañía sin microchip es una infracción grave, perseguida con 10.000 euros, mientras que por el mismo motivo la legislación sectorial gallega establece una multa de 500 euros. Además, también recordó que el marco normativo que regula en España la tenencia de animales potencialmente peligrosos considera “muy grave” ser propietario de un perro de este tipo sin contar con la preceptiva licencia, fijando una sanción económica de 2.400 euros.

Por lo expuesto, Do Campo insistió en la importancia de "armonizar" el régimen sancionador al resto de la normativa estatal y autonómica vigente, modulando los importes de los diferentes tipos de infracciones de forma que sean “acordes y proporcionales” a los propios hechos que se persiguen.

Tras indicar que en las últimas semanas su departamento recibió numerosas llamadas y consultas por escrito sobre la nueva ley, la directora general aprovechó también la reunión para exponer algunos de los aspectos que más preocupan en Galicia a particulares con mascotas, entidades protectoras, ayuntamientos, veterinarios y criadores, entre otros colectivos afectados por los cambios.

En este sentido, remarcó que la mayoría de las consultas recibidas están relacionadas con la incineración de las mascotas y la posibilidad de enterrar sus restos, la identificación inicial de los animales de compañía y el procedimiento para comunicar una baja, la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil o la falta de concreción con relación a las especies exóticas hasta la aprobación definitiva del listado correspondiente.

PREOCUPACIONES DE LOS CRIADORES DE PERROS

Asimismo, Belén do Campo también se refirió a la inquietud con la que fue recibida la norma estatal por parte de determinados colectivos y entidades, como los criadores. En concreto, mencionó el caso del Club de Raza Perro de Palleiro, que en la asamblea celebrada el pasado fin de semana y en la que la directora participó como invitada, expuso su preocupación por las posibles implicaciones de la ley en el futuro de esta raza autóctona.

Al respeto, expuso que los nuevos deberes relativos a la inscripción en el registro de criadores y de animales reproductores (también en el caso de cría no comercial y puntual) podrían tener un impacto negativo en la evolución de los ejemplares de perro de palleiro, una raza considerada en peligro de extinción y que según le trasladó la propia entidad, experimentó en los últimos meses una tendencia descendiente en cuanto a número de camadas y de nacimientos, que temen que se agrave por las incertidumbres de la nueva ley.

Los técnicos estatales, en todo caso, mostraron su disposición a fijar “excepciones” a determinados deberes en el caso de las razas autóctonas y, de hecho, indicaron que ya se están manteniendo contactos a nivel nacional con este sector, al tiempo que se comprometieron a convocar nuevas reuniones de trabajo para aclarar y resolver las dudas expuestas desde la Xunta.

Por su parte, la directora general agradeció la disposición a estudiar posibles excepciones pero aprovechó esta primera toma de contacto para insistir en la necesidad de que todas aquellas cuestiones de la Ley de bienestar que el Estado pretende dejar al criterio de las comunidades y de sus respectivos marcos normativos, queden expresamente recogidas en el texto de la propia norma estatal para evitar inseguridad jurídica.

En esta misma línea, Belén do Campo recordó expresamente que se le había trasladado al nuevo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la necesidad “y urgencia” de modificar el texto de la ley con el fin de corregir los errores, defectos y contradicciones detectados en la misma, un proceso que, segundo dijo, “debería abordarse en paralelo” a su desarrollo reglamentario, imprescindible para poder llevar a la práctica muchos de sus preceptos y novedades.