Extremadura se plantea recurrir ante el Constitucional la Ley de Bienestar Animal

El pasado mes de marzo, el Boletín Oficial del Estado publicaba la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales y la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal.

La publicación de la Ley de bienestar animal se producía tras finalizar su paso por las Cortes Generales en una accidentada tramitación parlamentaria, que produjo tensiones entre los diferentes grupos políticos y los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos.

De hecho, algunos dirigentes de comunidades autónomas del PSOE, como Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, o Guillermo Fernández Vara, de Extremadura, criticaron abiertamente la norma.

Ahora, Fernández Vara, presidente en funciones de la Junta de Extremadura tras las últimas elecciones que no cuenta con mayoría clara para formar Gobierno, ha trasladado en rueda de prensa que la Junta de Extremadura está estudiando la posibilidad de presentar en los próximos días un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Protección Animal por entender que vulnera competencias autonómicas.

La norma debería entrar en vigor en septiembre, y el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, se mostró convencido de que lo hará sea cual sea el nuevo gobierno que dirija el país tras las elecciones generales de julio.

En general, es una norma que no ha contentado a buena parte del arco parlamentario y a numerosos colectivos, incluidos los veterinarios, pero especialmente al mundo rural, que precisamente tiene mucha influencia en comunidades como Castilla-La Mancha y Extremadura.