Establecen los servicios mínimos para la huelga de veterinarios

La Junta de Castilla y León publica la orden por la que se establecen los servicios mínimos correspondientes a la huelga de veterinarios convocada por la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) entre el 5 y el 11 de febrero en los veinte mataderos de la provincia de Salamanca.

La orden, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, especifica que al menos deberá haber un veterinario por cada matadero, lo que implica que más de la mitad de los profesionales convocados a esta huelga, 37, no podrían realizarla de cumplirse estos servicios mínimos en una de las provincias con más instalaciones de este tipo de la Comunidad, según los datos aportados por el sindicato convocante de la huelga.

Las reivindicaciones de USCAL se centran en la equiparación de derechos de estos profesionales con los trabajadores considerados sanitarios por parte de la Junta de Castilla y León, y que centra parte de la discusión entre los grupos parlamentarios sobre el futuro de las carreras profesionales.

En concreto, estos profesionales piden el cumplimiento de la Ley de Función Pública de Castilla y León y el decreto 59/2013, de 5 de septiembre, por el que se regula la jornada, horarios, vacaciones y permisos del personal funcionario de la administración de Castilla y León, para dotar de estabilidad al colectivo denominado de sanitarios no asistencial interino, además de adecuar las plantillas a las necesidades laborales.

En este sentido, USCAL pide que al menos se dote de tres veterinarios por cada uno de los mataderos para poder realizar "adecuadamente" las funciones de control sanitario.

PROPUESTA DE ACUERDO

Por su parte, USCAL, con el fin de buscar una solución al conflicto laboral que vienen manteniendo los sanitarios de Salud Pública de Castilla y León, en base al artículo 8 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, hace una serie de reivindicaciones, como el acceso ordinario mediante concurso-oposición del colectivo sanitario no asistencial interino y la adecuación de las plantillas a las necesidades laborales y la cobertura de todos los puestos de trabajo, entre otras.

Dichas reivindicaciones serían aplicables a todo el personal sanitario no asistencial que desarrolla las funciones de Salud Pública, Seguridad Alimentaria, Administración y Gestión en la Administración Sanitaria de la Junta de Castilla y León, entre los que se encuentran veterinarios, farmacéuticos, médicos, enfermeros, matronos y fisioterapeutas, entre otros.