El Gobierno desoye la petición de los veterinarios

El Gobierno de España declina la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la polémica Ley de Protección Animal de La Rioja, votada a favor por el PSOE, Ciudadanos y Podemos y rechazada por el Partido Popular, pese a las críticas que recoge un informe presentado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Dicha norma, que contempla aspectos como la esterilización obligatoria de los animales de compañía entre otros, ha sido impugnada por el Gobierno riojano, el Partido Riojano (PR+) y por el mismo Colegio de Veterinarios de la Rioja.

Por su parte, el Ministerio de Política Territorial, encabezado por Meritxell Batet, detectó indicios de inconstitucionalidad en los artículos 2, 5, 6, 7, 11, 12, 17, 37, 38, 39, 45 y 54 de esta ley al violar leyes estatales y preceptos constitucionales relativas a la invasión de competencias profesionales; y a la falta de una regulación que diferencie entre un animal extraviado, sin identificar, abandonado, de compañía, exóticos, de producción, de fauna silvestre o de competición.

Pese a ello, la ley seguirá vigente a la espera de que el TC se pronuncie al respecto o decida tomar alguna medida para estudiar los recursos propuestos contra dicha ley.

CUESTIONES PLANTEADAS

La Ley de Protección Animal de La Rioja establece que la práctica veterinaria del sacrificio se prohíbe en centros de recogida y núcleos zoológicos, precepto que incurre en el artículo 9 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, que “sienta las bases de la coordinación general de la sanidad”.

Con respecto al artículo 11, relativo a la esterilización obligatoria de los animales de compañía, el informe apunta que “se imponen obligaciones adicionales relativas a permisos y autorizaciones que contravienen la Ley 20/2013, de 9 de diciembre”.

Con respecto a la inspección y vigilancia, se considera que esta ley viola la protección del domicilio recogida en el artículo 149.1.1 de la Constitución Española, ya que dicha inspección permitiría el acceso libre y sin previa notificación de personas que no necesitan ostentar un cargo de funcionario público a todo establecimiento, instalación, vehículo o medio de transporte con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de lo establecido en la ley, o en otras palabras, que se pueda acceder al domicilio para comprobar el estado de una mascota sin que su dueño pueda oponerse.

Finalmente, la Ley de Protección Animal también cita a las especies animales que deben ser protegidas, pero se denuncia que el objetivo de este apartado tiene vocación de protección únicamente autonómica, al margen de la estatal, recogida en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.