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POLÍTICA

Cuestionan el Derecho al Honor de los animales en la Ley de Valencia

El Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana ha hecho públicas sus observaciones sobre el anteproyecto de Ley de protección animal de la región, destacando que los animales no pueden ser objeto de burla

Mireia Mollà, consejera de Agricultura de Valencia.
Mireia Mollà, consejera de Agricultura de Valencia.

Cuestionan el Derecho al Honor de los animales en la Ley de Valencia

El Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana ha hecho públicas sus observaciones sobre el anteproyecto de Ley de protección animal de la región, destacando que los animales no pueden ser objeto de burla

Redacción - 12-04-2021 - 14:00 H

El Consejo Jurídico Consultivo (CJC) de la Comunidad Valenciana ha publicado su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de la Generalitat, sobre Protección, Bienestar y Tenencia de Animales.

Así, el pleno del CJC presidido por Margarita Soler Sánchez ha realizado una serie de observaciones sobre el anteproyecto elaborado por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

En el documento publicado por el Consejo, se destaca que, aunque la norma cuenta con un título, objetivo, finalidades y ámbito de aplicación: la protección de los animales de compañía, “extiende su aplicación a otras categorías de animales”.

Por ello, a juicio del CJC, “la extensión de las normas dedicadas a regular o prohibir determinadas actividades vinculadas al bienestar animal, más allá de los animales de compañía, hubiera aconsejado su agrupación singular en la norma, con la consiguiente modificación del título del anteproyecto”.

Entre otras observaciones, el Consejo destaca el carácter subjetivo de algunas prohibiciones previstas en la norma. En el artículo 5, apartado 15ª de la norma se define el maltrato como “conducta intencionada por la cual, por cualquier medio o procedimiento, se ejerce una acción u omisión o comportamiento violento sobre un animal que provoque lesiones que menoscaben gravemente su salud o que lo sometan a explotación sexual, o abandono en condiciones en las que pueda peligrar su vida o integridad”.

Sin embargo, en diferentes preceptos de la norma proyectada se consideran actos prohibidos los que afrentan la sensibilidad de determinadas personas. Así, se establece la “burla” o los “tratos vejatorios”, a los animales, y también los actos “que puedan herir la sensibilidad mayoritaria de las personas que los contemplan”, como justificación de la prohibición de determinadas actividades.

“No cabe proclamar, de modo indubitado, que un determinado acto pueda llegar a percibirse como burla o trato vejatorio por el propio animal; sólo aquellos que tuviesen la capacidad de provocar afección en el ánimo o en la sensibilidad del animal (y obviamente cuando se le causen daños, tanto físicos como psíquicos), cabría entender que producen una lesión en el bien jurídico protegido”, aseguran desde el CJC.

Asimismo, subrayan que no es posible que la norma proyectada configure un supuesto derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, de los animales, que pudiera ser invocado —en su nombre— por sus propietarios o responsables. “La norma proyectada parece dar por supuesta la existencia de tal derecho, del cual sería titular el animal, y desde él, regula una serie de consecuencias —fundamentalmente prohibitivas—, con causa en la meritada vulneración”, destacan.

“El elemento sobre el cual descansa la justificación de dichas prohibiciones —burla, trato vejatorio, herir la sensibilidad— no es, en realidad, el daño o sufrimiento del animal, sino la percepción que tienen las personas sobre el trato que se le dispensa a éste”, indican.

Y tal percepción, según explican desde el CJC, “eminentemente subjetiva”, es la que justifica la prohibición. Por ello, apuntan que no se protege el bien jurídico objeto de la norma, al animal, sino la sensibilidad de determinadas personas; un ámbito de estricta subjetividad que, aunque tiene su causa en el trato a un animal, en realidad protege una visión personal de lo que se puede entender por “burla”, “vejación” o “hiriente”.

EL PAPEL DEL INSPECTOR VETERINARIO COMO AUTORIDAD

En cuanto al artículo del Anteproyecto dedicado al personal inspector, el Consejo indica que La redacción del apartado 1 del precepto sobre el ejercicio de las funciones inspectoras por parte del personal al servicio de las administraciones públicas asigna el carácter de “agente de la autoridad”, y que pueda “recaudar la colaboración, el apoyo, el concurso y la protección que necesite de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y de las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales o cuerpos policiales autonómicos y locales”.

A este respecto señalan que la asignación de agente de autoridad respecto de cualquier personal al servicio de las administraciones públicas resulta “excesivamente genérica” y, puesto que en los programas de control y vigilancia que correspondan a la Conselleria competente en materia de sanidad y bienestar animal, es personal inspector el que está integrado en los servicios veterinarios oficiales de esta Conselleria, resultaría mucho más adecuado que la asignación estuviera vinculada a un Cuerpo o Servicio concreto.

Por otro lado, en el anteproyecto se habilita a la Conselleria competente en sanidad y bienestar animal para regular la formación en materia de protección de animales de compañía con un plazo de dos años desde la publicación de la Ley para la regulación de “la formación obligatoria de todos los agentes públicos, cuerpos y fuerzas de seguridad y funcionarios las funciones de los cuales tengan relación con animales de compañía”.

“Tal y como se desprende de la redacción, y sin que la norma haya sido objeto de remisión a la Administración General del Estado, la incorporación de una formación obligatoria solo será posible y exigible respecto de los Cuerpos de Policía Local, salvo que se incorpore algún mecanismo convencional entre la Generalitat y la Administración General del Estado que habilite dicha formación obligatoria”, destacan desde el CJC.

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