Desde el parlamento regional se ha aprobado una proposición no de ley que insta a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno central para revisar el Real Decreto 666/2023
Las Cortes de Castilla y León piden al Gobierno de España la moratoria inmediata del Real Decreto de medicamentos veterinarios
Desde el parlamento regional se ha aprobado una proposición no de ley que insta a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno central para revisar el Real Decreto 666/2023
Jorge Jiménez -
12-03-2025 - 13:30 H - min.
La entrada en vigor del nuevo decreto que regula el uso de antibióticos en las clínicas y su notificación a Presvet, el RD 666/2023, ha generado malestar en el seno del colectivo veterinario español.
De hecho, a la gran cantidad de quejas que ha generado entre los veterinarios, hay que sumar importantes movilizaciones del sector, como la concentración frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que tuvo lugar el pasado 5 de marzo.
Asimismo, hay que recordar que el colectivo veterinario tiene previsto un paro a nivel nacional para el próximo 26 de marzo.
La movilización de los veterinarios ha llegado a las diferentes esferas de la sociedad, alcanzando la política y, tal y como adelantó este medio, en las Cortes de Castilla y León han votado este miércoles 12 de marzo una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular que insta al Gobierno de España a la revisión inmediata del RD 666/2023.
En este sentido, la PNL tiene el objetivo de instar a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España a fin de promover la moratoria inmediata de la aplicación del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio; así como abrir un periodo de consultas con los profesionales veterinarios, Administración local y asociaciones de protección animal para garantizar que se adapte la regulación de manera que respete el criterio profesional del veterinario y se reduzca la burocracia.
Además, la PNL persigue promover la derogación del régimen sancionador relacionado con las notificaciones de prescripciones de antimicrobianos a Presvet; habilitar legalmente a los veterinarios, a través de la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015, para la venta al por menor [en la terminología del Reglamento (UE) 2019/6] con destino a los animales bajo su cuidado de todos y cada uno de los medicamentos necesarios para la atención de los mismos; y, por último, promover la modificación del tipo impositivo del IVA aplicable a la prestación de servicios veterinarios, reduciéndolo del actual 21%.
La encargada de presentar la PNL ante la cámara regional ha sido la veterinaria Lorena de la Fuente, perteneciente al grupo de los populares. Durante su intervención ha destacado el “rechazo” que ha producido el real decreto de medicamentos veterinarios y ha hecho un repaso por la situación del uso de antibióticos en España, destacando la reducción llevada a cabo por nuestro país.
Asimismo, de la Fuente ha querido señalar la manifestación de Madrid como muestra del rechazo del colectivo veterinario hacia la normativa. “Este real decreto limita esencialmente la libertad del veterinario, particularmente a la hora de prescribir medicamentos en base a la evidencia científica y al propio juicio profesional”, ha subrayado.
También, la veterinaria ha señalado cómo la normativa actual retrasa y encarece algunos tratamientos, especialmente aquellos en los que se recetan antibióticos, ya que se obliga a, en algunos casos, hacer más pruebas antes de recetarlos.
Por parte del Grupo Mixto, Francisco Igea ha intervenido en la sesión de las Cortes regionales calificando la situación de “disparate de grandes dimensiones”. El parlamentario ha remarcado también que las resistencias a los antibióticos “son probablemente uno de los mayores problemas de salud pública del mundo”.
“Es una auténtica necedad enfrentarse a un problema de salud pública intentando complacer a un colectivo”, ha subrayado Igea, apuntando que “seguro que hay cosas mejorables” en el Real Decreto de medicamentos veterinarios.
El parlamentario también ha señalado que “es cierto que hay una inquietud por parte de los veterinarios, pero poner por delante la salud del gato de la pública es lo más woke” que ha visto.
Otro de los parlamentarios que ha intervenido ha sido Luis Mariano Santos, por parte del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, que ha reconocido que la aplicación del real decreto “ha generado un problema” y ha destacado especialmente la importancia de conocer la opinión de los profesionales antes de sacar adelante normativas.
“Creo que este real decreto limita la actividad del veterinario”, ha criticado y ha recordado la obligación de escuchar a los veterinarios y de “permitirles que participen” en el proceso de toma de decisiones.
José Antonio Palomo ha sido el encargado de defender la postura del Grupo Parlamentario Vox en Castilla y León, criticando la nueva legislación que, según ha afirmado, impide a los profesionales de la veterinaria desarrollar su profesión con libertad.
“Han sacrificado a los ganaderos y ahora también a los propietarios de las mascotas en nombre de un supuesto progreso que no supone otra cosa que un aumento del control y la miseria”, ha apuntado el parlamentario de Vox.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, Eugenio Miguel Hernández ha defendido el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos, remarcando la amenaza que supone para la Salud Pública el problema de las resistencias a estos fármacos.
“Presvet es un sistema de recogida de información que no establece limitaciones a las prescripciones y, por tanto, no condiciona en absoluto el juicio clínico del veterinario ni su autonomía técnica y científica”, ha afirmado el parlamentario, calificando de “poco entendible” la protesta de los veterinarios en relación a la obligación de comunicar las prescripciones de antibióticos.
En lo que respecta al ámbito sancionador de la norma, el socialista ha asegurado que “no se ha puesto ni una sola sanción”. “La puesta en marcha de cualquier base de datos requiere un tiempo de adaptación y requiere flexibilidad”, ha apuntado y ha indicado que ya se ha puesto en marcha la tramitación parlamentaria para reducir las sanciones.
La votación se ha saldado con la aprobación de esta proposición no de ley, con 39 síes, 29 noes y 11 abstenciones.