El Consejo de Estado insta a reformar la formación veterinaria en España para evitar desigualdades con Europa

La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha dado el visto bueno al proyecto de real decreto por el que se modifica el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, para actualizar los requisitos mínimos de formación de enfermería responsable de cuidados generales, odontología, farmacia y veterinaria, en línea con las últimas directivas europeas sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales.

El proyecto de real decreto examinado tiene por objeto transponer dos directivas delegadas de la Comisión Europea. La primera, la Directiva Delegada (UE) 2024/782, actualiza los requisitos mínimos de formación para enfermería responsable de cuidados generales, odontología y farmacia. La segunda, la Directiva Delegada (UE) 2025/1223, modifica los requisitos mínimos de formación para la profesión veterinaria.

El dictamen, aprobado por unanimidad, concluye que, en términos generales, no formula objeciones al artículo único del proyecto, ya que las modificaciones introducidas se limitan a actualizar los listados de conocimientos y capacidades necesarios para el reconocimiento en España de las cualificaciones profesionales obtenidas en otros Estados de la Unión Europea.

Sin embargo, añaden una advertencia sobre la situación de la formación veterinaria en España, recordando que España sigue sin resolver un problema que arrastra desde hace años: los veterinarios formados en universidades españolas no pueden beneficiarse del reconocimiento automático de su título cuando pretenden ejercer en otros países de la Unión Europea o del Espacio Europeo, al no haberse implantado correctamente los requisitos mínimos exigidos por la normativa comunitaria.

El órgano consultivo es especialmente contundente al señalar que España no ha procedido todavía, “después de diez años”, a implantar las exigencias derivadas de la Directiva 2013/55/UE, destinada precisamente a facilitar el reconocimiento automático de la profesión en otros países europeos. Según el dictamen, esta falta de adaptación afecta directamente a los profesionales formados en las universidades españolas, que quedan en una posición de desventaja frente a quienes han estudiado Veterinaria en otros Estados.

El Consejo de Estado lo expresa de forma clara: “los españoles y europeos que estudian en universidades españolas son los únicos profesionales que no pueden obtener el reconocimiento automático cuando pretendan trabajar fuera de España en los países de la Unión Europea o del Espacio Europeo”.

La consecuencia práctica de esta situación es que los veterinarios formados en España pueden verse obligados a recurrir a procedimientos adicionales para que su título sea reconocido en otros países. El dictamen recuerda que, al no cumplir la regulación española los mínimos europeos, estos profesionales “no podrían trabajar fuera, en alguno de esos países, salvo pasando el proceso, mucho más costoso, de homologación posterior del título, para completar en los países de destino los conocimientos mínimos de dicha directiva”.

Esta anomalía, según el Consejo de Estado, no afecta del mismo modo a quienes se han formado fuera de España. De hecho, el dictamen subraya que sí cumplen esos mínimos “los nacionales españoles o de esos otros países que hubieran cursado sus estudios fuera de España”, que pueden ejercer la profesión “en cualquiera de esos países, incluida España”. Es decir, un veterinario español formado en otro Estado europeo puede acceder al reconocimiento automático, mientras que un veterinario formado en una universidad española puede encontrarse con mayores obstáculos para trabajar en ese mismo espacio europeo.

EL CONSEJO YA ADVIRTIÓ EN DICTÁMENES ANTERIORES QUE LAS REFORMAS NO SE AJUSTABAN A LOS REQUISITOS MÍNIMOS

El problema se sitúa en la Orden ECI/333/2008, de 13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de veterinario. El Consejo de Estado recuerda que ya advirtió en anteriores dictámenes que esa orden “no se ajustaba a los requisitos mínimos de la directiva”, pese a que sigue vigente para la formulación de los programas de estudio de las universidades españolas.

La crítica no es nueva. El propio dictamen recuerda que esta deficiencia ya fue señalada en el dictamen 87/2017, de 25 de mayo, sobre el proyecto que acabaría convirtiéndose en el Real Decreto 581/2017. También fue reiterada posteriormente en otros dictámenes del Consejo de Estado, como los de 2020 y 2021, así como en sus memorias anuales. En ellas, el órgano consultivo instaba de nuevo al Gobierno a llevar a cabo una reforma, al considerar que “carecía de sentido tener profesionales con muchas menos posibilidades de ejercicio de su profesión que las que se tienen cuando se estudia la misma en el resto de los países del Espacio Europeo”.

Por ello, aunque el Consejo de Estado valora favorablemente que el Gobierno haya adelantado la transposición de la nueva directiva europea relativa a la formación veterinaria, reclama que esta reforma se aproveche para corregir definitivamente el problema de fondo. En concreto, considera recomendable que se proceda “definitivamente a regular correctamente dicha formación mediante una nueva orden ECI” que corrija los defectos existentes y ajuste la formación española al contenido mínimo exigido por la normativa europea.

El dictamen insiste en que esa reforma debería evitar que España continúe manteniendo una regulación que produce desigualdades profesionales. El Consejo de Estado pide corregir estos defectos para que se “evite que España siga regulando una profesión que genera las referidas desigualdades en el ejercicio de la profesión respecto del resto de los Estados de la Unión Europea y del Espacio Europeo”.

En conjunto, el dictamen avala la tramitación del proyecto de real decreto, pero introduce una advertencia de calado para la profesión veterinaria. La actualización de los requisitos mínimos de formación permite adaptar la normativa española a las nuevas exigencias europeas, pero no resuelve por sí sola el problema estructural señalado por el Consejo de Estado.