El Congreso aprueba una hoja de ruta para legislar en bienestar animal

El Congreso de los Diputados ha aceptado, con 281 votos a favor, 52 en contra y 16 abstenciones, la moción consecuencia de interpelación urgente impulsada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la aprobación de una Ley de Bienestar Animal, que ya adelantó Animal’s Health.

El texto, que ha sido aprobado en los términos de una enmienda transaccional suscrita por el partido proponente junto con los grupos Popular, Socialista, BNG (adscrito al G.P. Plural), y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, insta al Gobierno a impulsar algunos cambios legislativos y normativos para mejorar la legislación estatal en materia de protección animal.

El primero de ellos es desarrollar un banco de datos nacional de chips identificativos aprovechando las bases de datos de identificación animal que tienen los Colegios de Veterinarios de las Comunidades Autónomas, al que puedan acceder tanto veterinarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las protectoras y refugios de titularidad pública o privada.

Asimismo, han acordado mejorar los controles y supervisiones sobre los criadores y la procedencia de los animales que se pongan a la venta e impedir que los animales sean expuestos en escaparates hasta el momento de su venta.

Además, han decidido seguir impulsando medidas y campañas de sensibilización y concienciación social en materia de protección animal, contra el maltrato y el abandono animal, en colaboración con otras entidades y administraciones públicas.

Por otro lado, en la moción se pide prohibir el sacrificio de los animales abandonados salvo en situaciones de emergencia o peligrosidad y establecer la creación de un registro de infractores que constate la inhabilitación para la tenencia o actividad con animales.

En el texto consensuado, también se incluye la necesidad de establecer, en aquellos concursos públicos en los que se liciten servicios de recogida y albergue de animales, que se baremen positivamente las mejoras en el trato y fomento de la adopción de las ofertas que se presenten, así como las actividades de formación y concienciación que se puedan impartir en sus instalaciones.

ENDURECER LAS PENAS POR MALTRATO

Otro de los puntos de la moción es el de reconocer a las organizaciones para la protección y la defensa de los animales como entidades de utilidad pública, cuando así lo soliciten y según se determine reglamentariamente.

También se pide determinar la formación específica que deberán recibir los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de investigar los delitos por maltrato animal.

Modificar el Código Penal es otro de los acuerdos que se han alcanzado. El objetivo es agravar las penas privativas de libertad y la pena accesoria de inhabilitación especial ligadas a las acciones de maltrato animal. Asimismo, se regulará la privación definitiva de la tenencia del animal maltratado en el supuesto de sentencia condenatoria por maltrato animal.

Por otro lado, el texto insta a promover, a través de los órganos de cooperación multilateral previstos en el ordenamiento jurídico, que las Comunidades Autónomas regulen el acceso de los animales, al transporte público, a los albergues de personas sin hogar, a las residencias para mayores y a las casas de acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género, en el marco de las competencias del Estado.

Asimismo, llama a restringir o prohibir el uso de animales en los circos y garantizar que las entidades locales disponen de los recursos económicos necesarios para que puedan mantener en unas condiciones óptimas las instalaciones destinadas al cuidado de los animales abandonados.

Además, aboga por establecer en la norma aquellos parámetros objetivos que deban cumplir los centros de cría o asimilados en todo el territorio de España e incorporar la regulación de los santuarios de animales con objeto de potenciar la creación de estas entidades y regular su funcionamiento.

Por último, en la moción se ha acordado establecer la formación específica y medidas de sensibilización de jueces y fiscales y de todas aquellas personas que aborden procesos relacionados con el maltrato animal.