MARTES, 28 de mayo 2024

MAR, 28/5/2024

POLÍTICA

Condenado un alcalde veterinario que obtuvo una ayuda ilegal de casi 54.000 euros para su clínica

La Audiencia Provincial de León le ha condenado como autor de un delito de prevaricación administrativa y gestión interesada

Fachada de la Audiencia Provincial de León.
Fachada de la Audiencia Provincial de León.

Condenado un alcalde veterinario que obtuvo una ayuda ilegal de casi 54.000 euros para su clínica

La Audiencia Provincial de León le ha condenado como autor de un delito de prevaricación administrativa y gestión interesada

Jorge Jiménez - 10-07-2023 - 13:00 H - min.

El pasado mes de febrero, Animal’s Health se hacía eco de una noticia en la que el alcalde de un pueblo de León era llevado a juicio tras obtener una ayuda, supuestamente ilegal, de 53.819,92 euros para su clínica veterinaria.

En concreto, el veterinario Juan Marcos López Gutiérrez, se enfrentaba a una petición de pena, por parte de la Fiscalía, de cinco años de cárcel e inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación.

Ahora, finalmente, se ha conocido la sentencia de la Audiencia Provincial de León, a la que ha podido tener acceso este medio. Según la sentencia del tribunal, presidido por el magistrado Fernando Javier Muñiz Tejerina, el acusado es condenado como autor de un delito de prevaricación administrativa en concurso ideal con un delito gestión interesada, sin la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal.

Por el delito de gestión interesada la pena es de 6 meses de prisión, así como la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena. Además, es condenado a una multa de 12 meses con una cuota diaria de 6 euros con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante dos años.

Asimismo, por el delito de prevaricación administrativa, se condena al acusado a la pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, más dos tercios de las costas procesales correspondientes, incluidas en igual proporción, las de la acusación particular.

Por último, en la sentencia se absuelve al acusado de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude y tráfico de influencias de los que había sido acusado por la acusación particular, declarando de oficio las costas procesales causadas.

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