Desde el Comité afirman que la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal ha realizado una “estrategia de confusión”
El Comité de Crisis Veterinario responde al Ministerio de Agricultura tras celebrar el “aval” de la Comisión Europea al control de antibióticos veterinarios
Desde el Comité afirman que la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal ha realizado una “estrategia de confusión”
Redacción -
17-06-2025 - 10:51 H -
min.
El fin de semana del 7 y 8 de junio, miles de veterinarios y familias de toda España salieron a las calles para exigir el respeto a la labor de esta profesión, denunciar el agravio comparativo que supone el RD 666/2023 y reclamar una normativa justa, coherente y eficaz que garantice la salud animal, la salud pública y la seguridad alimentaria.
“Pese a la contundencia de la movilización, apenas unos días después, la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal ha difundido una nota informativa relacionada con el resultado de una auditoria de la Comisión que, lejos de aclarar nada, reincide en su estrategia de confusión”, señalan en un nuevo comunicado desde el Comité de Crisis Veterinario.
Asimismo, critican que “lo ha hecho además a través de canales de comunicación institucionales y con la colaboración acrítica de determinados medios sectoriales, que no contrastan la información y contribuyen a distorsionar el debate”.
Para el Comité de Crisis “casualmente, la Comisión Europea envió el día 9 de junio (el día siguiente a las exitosas movilizaciones) el informe final de la auditoría realizada del 6 al 17 de marzo de 2025 para evaluar el sistema de control de los antimicrobianos veterinarios implantado en España”.
“La finalidad de estas auditorías es, fundamentalmente, comprobar que los estados miembros tienen instaurado un programa de inspección del uso de los antibióticos, conocer quiénes son las autoridades competentes encargadas de estas inspecciones, número de inspecciones que se realizan al año, y los temas concretos que se proponen en los protocolos de inspección para comprobar que se están cumpliendo determinadas disposiciones del Reglamento relativas a los antimicrobianos veterinarios”, remarcan.
Asimismo, señalan que en el informe se “concluye que las autoridades competentes llevan a cabo controles adecuados para supervisar el cumplimiento por parte de los veterinarios y ganaderos de los requisitos del Reglamento (UE) 2019/6, cuyo objetivo es hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos logrando que se utilicen de manera más prudente”.
“El Ministerio de Agricultura publica una nota presentando dicho informe como si fuera un respaldo explícito al sistema Presvet y al controvertido RD 666/2023. Sin embargo, el documento europeo no entra a evaluar concretamente las peculiaridades de la normativa española ni ninguna de sus herramientas tecnológicas. Se limita a constatar que se ha instaurado un sistema de inspección del uso de antibióticos y se hacen comentarios sobre la ejecución y resultado de las inspecciones en Aragón y Castilla la Mancha. En ningún caso se emite juicio alguno sobre la necesidad, idoneidad, eficacia o conveniencia de Presvet”, aseguran.
Según el Comité, “ni el RD 666/2023 en general ni el sistema Presvet en particular son valorados expresamente en dicho informe, por lo que resulta inaceptable que se utilice su contenido para justificar decisiones políticas que afectan a toda una profesión sanitaria”. “De hecho, el informe de la auditoría, como es natural, no entra a analizar las graves limitaciones que el Real Decreto impone a los veterinarios clínicos, ni las consecuencias negativas para la salud animal y el bienestar de los animales”, apuntan desde el Comité.
Además, explican que “la publicación institucional ha sido ilustrada con el logotipo de Presvet y redactada con contenidos engañosos dando el nombre de ‘Auditoría Presvet’ a la nota de prensa y tratando de pasar por “constatación” lo que es simplemente una interpretación del Ministerio. Una maniobra propagandística que ha sido amplificada por portales sectoriales que, lejos de ejercer un periodismo riguroso, reproducen sin matices los argumentos oficiales, introduciendo afirmaciones inexistentes en el documento de origen”
En este sentido, hacen referencia a la afirmación: “el informe constata que el sistema Presvet, en el que los veterinarios tienen la obligación de comunicar los antibióticos que prescriben, facilita el control, ya que permite comprobar las prescripciones realizadas en cada caso, el tratamiento realizado y la cantidad y el tipo de antimicrobianos aplicados”.
Para el Comité, el término ‘constata’ “puede dar lugar a confusión y dudas sobre la realidad de los hechos”. “Al no contener, como hemos dicho anteriormente, esa frase el informe de la Comisión hubiera sido más adecuado decir que el Ministerio deduce o interpreta que el sistema Presvet (…)”, defienden.
“Algún medio sectorial trasforma este párrafo, que podemos calificar como algo confuso o impreciso, en una mentira”, algo que, según señalan, se publicó de la siguiente forma en una noticia: “Para el Ministerio también es relevante que CE asegure que el sistema Presvet “facilita el control, ya que permite comprobar las prescripciones realizadas en cada caso, el tratamiento realizado y la cantidad y el tipo de antimicrobianos aplicados”.
Por todo ello, desde el Comité de Crisis Veterinario denuncian “esta campaña de desinformación”. “Se trata de una estrategia ya conocida: intentar debilitar el peso de una movilización histórica, en lugar de sentarse a escuchar y dialogar con quienes llevan años alertando de las deficiencias del sistema. Ni las falsas narrativas ni las maniobras de distracción pueden ocultar la realidad: España es el país de Europa que más limita la actuación profesional de sus veterinarios, poniendo en riesgo el bienestar animal, la salud pública y la seguridad alimentaria”, insisten.
Por último, anuncian que “la profesión veterinaria seguirá movilizada hasta lograr que sus competencias, conocimientos y experiencia clínica sean reconocidos por la legislación. La salud de todos lo exige”.