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POLÍTICA

La Rioja lleva al Constitucional la Ley de Protección de los Animales

El presidente de La Rioja ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección de los Animales. Una ley de la que Ceniceros ha señalado la falta de seguridad jurídica y la indefensión en la que deja a los veterinarios

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José Ignacio Ceniceros, presidente de La Rioja.

La Rioja lleva al Constitucional la Ley de Protección de los Animales

El presidente de La Rioja ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección de los Animales. Una ley de la que Ceniceros ha señalado la falta de seguridad jurídica y la indefensión en la que deja a los veterinarios

Redacción - 26-02-2019 - 12:50 H

El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, ha viajado a Madrid acompañado por la consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Begoña Martínez Arregui para presentar en el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley de Protección de los Animales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En declaraciones a los medios, Ceniceros ha argumentado que la Ley de protección de los animales es un “despropósito que invade competencias estatales y contraviene diversas normas básicas dictadas por el Estado”. Del mismo modo, ha explicado que de tenerse que aplicar causaría muchos problemas y perjuicios a colectivos como los veterinarios, los ganaderos, los agricultores o los criadores de animales.

Por este motivo, ha reclamado al Gobierno de España, que también ha cuestionado la constitucionalidad de algunos artículos de la norma, que se sume a esta petición porque es la única forma de paralizar la aplicación de esta ley hasta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo regional ha abogado por una “reforma legal que suponga un marco normativo que respete a los animales, pero sin imponer una obligaciones desmesuradas para ayuntamientos, veterinarios y ciudadanos”.

En este sentido, ha recordado que esta Ley se aprobó en el Parlamento de La Rioja con el apoyo de los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos, Cs y el voto en contra del Grupo Popular. Y ha precisado que, aunque el Gobierno de La Rioja “respeta en sus objetivos” la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de protección de los animales impulsada por la Asociación Protectora de Animales de La Rioja, que permitió aprobar dicha ley, “no ha compartido los medios para sacarla adelante”. 

Por ello, ha resaltado que “para cambiar las cosas no solo se requiere voluntad política, también se precisa responsabilidad y sentido común” y ha considerado que la Ley de protección de los animales “carece de sentido común".

LOS PUNTOS "CUESTIONABLES"

El recurso de inconstitucionalidad del ejecutivo riojano se refiere expresamente a los artículos 6, 7, 10, 12, 30, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 54, y 55, que tienen relación con el sacrificio de los animales, actuaciones de inspección y registro, así como la venta, donación y cesión de animales. Además, se suman discrepancias en materia del régimen de infracciones. Y es que el Gobierno regional considera que con la nueva regulación “se imponen sanciones administrativas para infracciones como el maltrato animal que ya son delitos según el Código Penal”.

Asimismo, señala que las obligaciones establecidas para llevar a cabo el sacrificio de animales determinando qué profesional es el habilitado para hacerlo y cuáles son los espacios en los que tiene que llevarse a cabo, “son contrarias a la normativa estatal que prescinde de la autorización de la administración competente”. Del mismo modo, la obligatoriedad de inscribir todos los animales en un libro de registro oficial “impone obligaciones adicionales que no son necesarias y que vulneran la garantía de la unidad de mercado”, tal y como interpreta el Gobierno regional.

Por otro lado, en relación con la compra y venta de animales, el Gobierno de La Rioja considera que la Ley autonómica “se excede en obligaciones para los titulares de los animales no exigidas por la normativa estatal y que son contrarias a las propias normas de La Rioja, y asimismo impone gravámenes contrarios a la Ley de Unidad de Mercado y a la Directiva de Servicios”.

El Ejecutivo riojano también entiende que no prever la necesidad de autorización judicial durante el ejercicio de las labores de inspección para la entrada en el domicilio de las personas, “vulnera el artículo 18 de la Constitución que garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. 

El presidente, en el pleno parlamentario de de La Rioja del pasado día 14, ya anunció que presentaría este recurso de inconstitucionalidad contra esa ley y se refirió a que el Grupo Popular en el Senado trabaja, con la firma de medio centenar de senadores, en la elaboración de otro recurso de inconstitucionalidad contra esta norma riojana. Un recurso de inconstitucionalidad que también ha sido presentado el mismo día que el del presidente de La Rioja. 

Por otra parte, la Plataforma para la Derogación de la Ley de Protección Animal de La Rioja ha registrado este lunes, 25 de febrero, una petición formal acompañada de 28.000 firmas en la Comisión de Peticiones del Parlamento riojano para que se anule esa normativa. 

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