Castilla y León pide que Mercosur garantice el cumplimiento de las exigencias en sanidad y bienestar animal por terceros países

La Junta de Castilla y León y las Organizaciones Profesionales Agrarias han situado como eje central de su posición ante el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur la exigencia de que se garantice el cumplimiento de “las exigencias sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias y de bienestar animal, entre otras”. Así lo han señalado desde la Junta de Castilla y León tras el acuerdo alcanzado hoy por unanimidad en el Consejo Agrario autonómico, donde ambas partes se comprometen a seguir trabajando de forma conjunta en la defensa de los intereses del sector agroalimentario de la Comunidad.

Desde la Junta de Castilla y León se subraya que el objetivo del documento consensuado es asegurar que “los agricultores y ganaderos de la Comunidad compitan en igualdad de condiciones”, una posición defendida por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral. El texto será remitido tanto al Gobierno de España como a las instituciones europeas competentes y deja claro que solo se respaldará el acuerdo UE-Mercosur “si se garantiza una reciprocidad real y efectiva, garantizando los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para las importaciones, con control y trazabilidad”.

En esta línea, desde la Junta de Castilla y León y las OPAS se reclaman “salvaguardas reales, efectivas e inmediatas, activables sin demora ante incrementos excesivos de importaciones o caídas significativas de precios, incorporando compensaciones operativas cuando proceda”. Al mismo tiempo, consideran imprescindible reforzar los controles en frontera y llevar a cabo inspecciones en terceros países “para garantizar el cumplimiento de las exigencias sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias y de bienestar animal, entre otras”.

El documento acordado recuerda que el sector agroalimentario constituye un pilar esencial para la economía, el empleo y la cohesión territorial de Castilla y León, y que su actividad debe desarrollarse en un marco de “competencia leal, seguridad alimentaria y sostenibilidad económica, social y medioambiental”. Desde la Junta de Castilla y León y las organizaciones agrarias se lamenta, además, que el acuerdo UE-Mercosur no se haya explicado “ni en profundidad ni con la transparencia debida”, pese a las solicitudes realizadas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que las comunidades autónomas y el propio sector conocieran con claridad “su alcance, condiciones y consecuencias”.

Según trasladan desde la Junta de Castilla y León, el acuerdo “ha generado preocupación por su potencial impacto sobre producciones relevantes de Castilla y León”. Por ello, se solicita la realización de un análisis detallado de sus efectos, desagregado por producciones y territorios, con especial atención a los sectores más vulnerables de la Comunidad.

González Corral ha recordado que en mayo del año pasado la Junta y las OPAS firmaron una declaración institucional sobre la futura PAC 2028-2034, en la que ya se defendió el principio de reciprocidad en los acuerdos con terceros países, así como un Marco Financiero Plurianual fuerte, el mantenimiento de la estructura de dos pilares —fondos FEAGA y FEADER— y un incremento presupuestario. En el nuevo acuerdo, según han remarcado desde la Junta de Castilla y León, la defensa del sector y la posición ante el acuerdo UE-Mercosur se vinculan también a la negociación de una nueva PAC “sólida y sin recortes”.

Por último, González Corral ha anunciado que la Consejería está redactando las bases de una nueva ayuda a la recogida de leche en explotaciones de la zona de montaña. Estas ayudas se dirigirán a los primeros compradores de leche cruda “para paliar el incremento de costes que pueden sufrir en estas zonas y, de este modo, no se repercuta a los ganaderos”.