Desde el Gobierno regional se reforzará la vigilancia frente a la tuberculosis, la lengua azul y la enfermedad hemorrágica epizoótica, así como las inversiones en bioseguridad
Castilla y León anuncia un Equipo Veterinario de Emergencia Sanitaria con capacidad de desplazamiento inmediato ante brotes y alertas
Desde el Gobierno regional se reforzará la vigilancia frente a la tuberculosis, la lengua azul y la enfermedad hemorrágica epizoótica, así como las inversiones en bioseguridad
Redacción -
20-07-2026 - 09:00 H - 
min.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, el veterinario Joaquín Antonio Pino, ha comparecido recientemente ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de las Cortes de Castilla y León, acompañado por su equipo directivo, para presentar el programa de actuaciones de su departamento durante la XII Legislatura.
La hoja de ruta incorpora a la acción de gobierno las principales reivindicaciones que el sector lleva años trasladando: rentabilidad, liquidez, menos burocracia, una Política Agraria Común dirigida al profesional, seguridad jurídica, modernización de regadíos, sanidad animal, control de la fauna salvaje y una política ambiental compatible con producir, invertir y vivir en los pueblos.
Las competencias de agricultura, ganadería, desarrollo rural y política ambiental se integran en una única Consejería, expresando una visión conjunta del territorio y poniendo fin a la confrontación artificial entre la actividad productiva y la conservación del medio natural. En palabras del consejero, “el medio natural debe estar al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de abstracciones ideológicas limitantes”.
Pino ha defendido que agricultores, ganaderos, silvicultores, cazadores y pescadores forman parte de la solución a los retos ambientales y territoriales de Castilla y León. Quienes trabajan y viven en el territorio son quienes mejor lo conocen y sus principales custodios: aliados imprescindibles para conservar el patrimonio natural, prevenir el abandono, mantener la actividad económica y fijar población.
El consejero ha trasladado a su equipo una forma de gobernar basada en el conocimiento directo de las explotaciones, la cercanía y la obligación de convertir las demandas del sector en seguridad jurídica, presupuesto y resultados. Al comienzo de su intervención ha reconocido expresamente la labor de técnicos, ingenieros, veterinarios, investigadores, agentes medioambientales, celadores y personal administrativo, cuyo rigor profesional constituye la principal fortaleza de la Administración autonómica.
El programa se articula en quince compromisos políticos, normativos y presupuestarios, formulados como objetivos concretos, cuantificables y evaluables durante los próximos cuatro años. No se trata, por tanto, de una declaración de intenciones, sino de un compromiso político firme y transparente con los agricultores, los ganaderos y el conjunto del medio rural.
La sanidad animal y vegetal será una prioridad técnica y presupuestaria. La Consejería solicitará a Hacienda una ampliación de crédito superior a cinco millones de euros para garantizar el pago íntegro y ágil de las indemnizaciones por sacrificios obligatorios ante crisis sanitarias. Destinará 650.000 euros a la vacunación frente a la salmonela, 400.000 euros al Centro Autonómico de Control Lechero y dos millones de euros de fondos propios a los libros genealógicos. Las ayudas a razas autóctonas alcanzarán 400.000 en 2027.
Además, se pondrá en marcha un Equipo Veterinario de Emergencia Sanitaria con capacidad de desplazamiento inmediato ante brotes y alertas. También se reforzará la vigilancia frente a la tuberculosis, la lengua azul y la enfermedad hemorrágica epizoótica, las inversiones en bioseguridad, las redes de sanidad vegetal y la respuesta frente a plagas emergentes. La Consejería defenderá soluciones “basadas en el rigor científico y el sentido común”, incluidas las quemas de rastrojos por motivos fitosanitarios cuando sean técnicamente necesarias y legalmente autorizadas.
El control de la fauna salvaje será también una pieza angular de la política sanitaria. “No se puede exigir a los ganaderos un enorme esfuerzo en las campañas de saneamiento mientras densidades excesivas de determinadas especies actúan como reservorios de enfermedades, causan daños agrícolas y ponen en riesgo la viabilidad de las explotaciones y provocan accidentes de tráfico que pueden resultar fatales”, defienden desde la Consejería.
En relación con el lobo, la Junta agilizará el pago de oficio de las indemnizaciones, actualizará los baremos al valor real de mercado e incorporará el lucro cesante y los daños indirectos. También reforzará las extracciones perimetrales y los controles poblacionales en las comarcas donde la presión del depredador resulte incompatible con la continuidad de la ganadería extensiva.
Por otro lado, la caza y la pesca serán reconocidas como herramientas de gestión, conservación y desarrollo económico. La Consejería reforzará el control de las especies que generan daños o riesgos sanitarios, regulará el uso de visores nocturnos y dispositivos térmicos en actuaciones autorizadas, especialmente frente al jabalí, y desarrollará precintos digitales voluntarios y sencillos, evitando que la tecnología se convierta en una nueva barrera para el medio rural.
La acción de gobierno se apoyará en tres principios: desregulación inteligente y simplificación administrativa real; financiación y liquidez para el sector primario; y rigor técnico acompañado de un diálogo permanente con quienes trabajan sobre el terreno.
Así, la Consejería revisará de arriba abajo sus procedimientos para eliminar trámites que no aporten valor, evitar la petición de documentos que ya obren en poder de las administraciones, extender la declaración responsable cuando el ordenamiento lo permita y acortar los plazos de convocatorias, autorizaciones y resoluciones. También publicará con antelación calendarios de ayudas, pagos y resoluciones, de modo que agricultores, ganaderos, cooperativas, industrias y comunidades de regantes puedan planificar sus decisiones con seguridad.
“La digitalización deberá facilitar la vida del sector y no sustituir el papel por formularios electrónicos todavía más complejos. Por ello, se mantendrá y reforzará la atención presencial en las Secciones Agrarias Comarcales, las Unidades Veterinarias y las Unidades de Desarrollo Agrario”, destacan.
Asimismo, la Junta defenderá la eliminación del Cuaderno Digital de Explotación como obligación o, en su defecto, su carácter voluntario. Además, se aprobará una nueva Orden de Trazabilidad y Registro de Animales Terrestres para suprimir duplicidades y reducir drásticamente las cargas asociadas al libro de explotación ganadera.
“Nuestros agricultores deben dedicar su tiempo a producir y gestionar sus explotaciones. Nuestros ganaderos deben estar atendiendo a sus animales” ha destacado el consejero.
El diálogo, ha añadido, no se limitará a escuchar. “Las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, la industria agroalimentaria, los Grupos de Acción Local, las comunidades de regantes, las federaciones de caza y pesca y los colegios profesionales serán agentes colaboradores de la Administración”, afirman desde la Consejería.
Su conocimiento técnico, implantación territorial y capacidad de interlocución se incorporarán activamente al diseño y ejecución de las políticas públicas de la Consejería. “El sector no solo será escuchado una vez adoptadas las decisiones, sino que participará activamente en el diseño, el desarrollo y la evaluación de políticas públicas”, concluyen.
La información que ofrece esta página se dirige exclusivamente a veterinarios.
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