Advierten de pérdidas millonarias en el sector ganadero por la gestión de la tuberculosis bovina en Castilla y León

Desde el Sindicato Veterinario de Castilla y León (Sivecal-Uscal) advierten de que, apenas tres días después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), publicara la Orden APA/526/2023, de 26 de mayo, por la que se establecen medidas para el movimiento de animales de la especie bovina Bos taurus desde Castilla y León, “ya se están haciendo plomizos los devastadores efectos económicos de su aplicación”.

Desde el sindicato explican que, según los primeros cálculos llevados a cabo por sus técnicos del sector, cada día que pasa se ponen en riesgo cerca de 200.000 euros en Salamanca, pues esta provincia mueve más de 5,5 millones de euros al mes. A esos 200.000 euros hay que sumar, además, las pérdidas en las otras cinco provincias con limitación de sus movimientos pecuarios.

“Y todo ello por la absoluta incapacidad para la gestión sanitaria y productiva de los actuales dirigentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, que no solo están propiciando unas pérdidas millonarias al subsector del vacuno, sino que están llevando al desprestigio y pérdida de confianza a toda la producción pecuaria de esta Comunidad”, lamentan.

Por este motivo, desde el sindicato han dirigido una carta al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. En ella, apelan “a su responsabilidad” para que “intervenga decididamente en este asunto transcendental para el futuro del sector ganadero de Castilla y León, y su imbricación en la salud pública”.

Desde Sivecal-Uscal recuerdan que la aportación de la ganadería a las cuentas económicas de la comunidad autónoma representa el 51% de la producción de la rama agraria autonómica, 15 puntos por encima de lo que supone en España, que es el 36%, y que su potencial productivo contribuye “decisivamente” al desarrollo y sostenibilidad del mundo rural de la comunidad.

“Hace unos días nos dirigíamos, con escaso éxito, a la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Teresa Rodríguez Vidal, para solicitar la modificación de la Resolución de 10 de mayo, publicada en el Bocyl de 15 de mayo, por la que se desarrollan determinados aspectos de los programas nacionales de enfermedades de los rumiantes en la comunidad de Castilla y León”, indican.

El motivo, remarcan desde el sindicato, “en opinión compartida con los 9 jefes de Sección de Sanidad y Producción Animal, era la transgresión de la normativa básica nacional y comunitaria en esta materia”. A este respecto, el sindicato se remite a un informe emitido colegiadamente por estos compañeros, responsables del saneamiento ganadero en las 9 provincias de Castilla y León.

Informe que, según lamentan desde el sindicato, “desgraciadamente ha servido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para prohibir, con algunas excepciones, los movimientos de animales de la especie bovina Bos taurus situados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a cualquier destino del territorio nacional, o de otros Estados miembros de la Unión Europea”.

Y es que los jefes de Sección de Sanidad y Producción Animal advertían de que la Resolución de la Junta de Castilla y León, que buscaba flexibilizar los saneamientos en la región, contemplaba actuaciones no permitidas en la normativa nacional y europea.

EN PELIGRO LA CREDIBILIDAD SANITARIA DE LA GANADERÍA DE CASTILLA Y LEÓN

Todo esto, admiten, “está produciendo unos enormes perjuicios en el sector ganadero que requieren una intervención inmediata por parte del presidente de la Junta de Castilla y León”, pues se está poniendo en peligro "la credibilidad sanitaria de un sector que en Castilla y León alberga el 22% del censo de vacuno de carne del país".

Además, apuntan, es “la locomotora nacional en la producción de leche de oveja de España con el 66% y liderando también el censo de cerdo ibérico con más del 30% del total nacional”.

“Sin olvidarnos de la relevancia del vacuno de leche, con el 13% de la producción de España o del censo de ovino con el 20%”, añaden. Todo esto, afirman, “supone un riesgo sin precedentes del que difícilmente saldremos indemnes”.

En este sentido, recuerdan que ya le habían advertido en varios escritos enviados el 26 de junio y 7 de julio de 2022, desde que se produjo el nombramiento del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

“En este intervalo de tiempo, desde el Sindicato Veterinario de Castilla y León hemos asistido atónitos a las declaraciones que ha vertido en relación a los programas de erradicación de la tuberculosis bovina”, manifiestan.

Una enfermedad sobre la que han visto una “distorsión sanitaria y productiva” por su parte. “Recordamos que si se hacen realidad sus intenciones dejarían en un evidente riesgo de inmovilización y pérdida de competitividad a este nuestro sector ganadero tan importante por los motivos que le hemos expuesto”, advierten desde el sindicato. A este respecto lamentan que “desgraciadamente”, a día de hoy se han cumplido sus predicciones.

“Por todo ello, y con la urgencia que requiere el caso, le solicitamos que inste al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a que modifique la Resolución de 10 de mayo, publicada en el Bocyl de 15 de mayo de 2023, ajustándola a la vigente normativa nacional y comunitaria por la que se establecen los Programas de Control, Vigilancia y Erradicación de Enfermedades de los Rumiantes”, piden desde el sindicato al presidente de la Junta.

Asimismo, solicitan amparo y protección para los funcionarios que “en el ejercicio profesional de sus actuaciones científico-técnicas, y en su obligación constitucional de protección de la salud, están siendo objeto de acoso laboral y escrache personal por parte de algunas agrupaciones que, aunque no sean representativas de los verdaderos ganaderos, si están socavando el ejercicio de la función pública”.

Para concluir, solicitan una entrevista con el presidente de la Junta y desde el sindicato veterinario se ponen a su disposición para “colaborar en cualquier aspecto que mejore el estatus sanitario de la cabaña ganadera de esta Comunidad y, consecuentemente, la Salud Pública”.

“Anunciamos que el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León confía en que el presidente de la Junta tome cartas en el asunto con la mayor diligencia, porque de lo contrario iniciaremos las medidas administrativas y judiciales que sean necesarias en defensa del sector pecuario y de la salud pública, así como de los compañeros veterinarios que se están viendo violentados diariamente por el simple hecho de aplicar las pautas técnico-sanitarias que marca la normativa nacional y comunitaria en materia de sanidad animal”, concluyen desde el sindicato.