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MADRID

OPINIÓN

Las ordenanzas municipales

Las ordenanzas municipales

Mercedes Ortola Seguí - 26-09-2018 - 12:00 H

Abogada

Si algo caracteriza a nuestro país es por el gran número de normas legislativas que posee, dado que en base a la Constitucíón cada una de las autonomías tiene atribuidas competencias en las que puede legislar y con ello nos encontramos con 17 autonomías y dos ciudades autónomas, además debemos sumar los 8.1241 municipios.

No solo cada comunidad autónoma posee su ley de protección animal, sino que además cada municipio puede dictar ordenanzas de protección animal, con lo que la suma de éstas es abrumadora, si tenemos en cuenta la normativa existente en Bienestar Animal aprobada por la UE y aplicable a nuestro territorio.

Pero, ¿realmente sirve para algo poseer dentro de un mismo territorio que regule un mismo ámbito? O más bien ¿no crea cierta inseguridad jurídica tanta norma? Y en el ámbito de la protección animal no es para menos, si además tenemos en cuenta que, aunque no regule la protección animal mediante ordenanzas municipales, ha de aplicar la ley autonómica pero los municipios aplican las normas ¿bien sean las suyas propias como las aprobadas por la propia autonomía?

Nos encontramos en una situación de verdadera desprotección en derecho animal por los propios municipios ya que, en lo que en derecho animal se refiere son muy laxos en hacer cumplir las leyes. La escusa con la que nos encontramos en que “no tienen personal suficiente” para poder aplicar las normas en este ámbito.

CUESTIONES SOBRE LA PROTECCIÓN ANIMAL

La pregunta que hay que hacerse o que hay que hacerles es, si en cuestión de tráfico sí pueden tramitar los procedimientos sancionadores y establecer las sanciones pertinentes ¿por qué no sucede lo mismo con las infracciones en protección animal? Los ayuntamientos tienen la potestad de controlar la población de animales dentro de su territorio, así como que estén debidamente inscritos en el registro de la comunidad autónoma correspondiente, o establecer inspecciones y denunciar ante el órgano correspondiente la economía sumergida existente en este ámbito, entre otras cuestiones.

Puestos a preguntar sobre los procedimientos sancionadores que tramitan por infracciones cometidas tanto en sus ordenanzas como en la normativa autonómica es sorprendente la respuesta que recibimos, porque son bien escasos. Deben tomar conciencia que la sociedad evoluciona y demanda más protección para los animales, pero las autoridades municipales todavía siguen considerando a los animales como meros objetos de usar y tirar.

MEDIDAS A TOMAR

Pero si además tenemos en cuenta que en las poblaciones más pequeñas todo el mundo conoce a todo el mundo, aún les cuesta mucho más aplicar las leyes, y la protección animal, aún a sabiendas que se están cometiendo infracciones en este ámbito, las pasan por alto. Si los ayuntamientos tuvieran conciencia de ello es seguro que la mayoría de problemas que se vienen denunciando por asociaciones y particulares, como el abandono, la cría clandestina, o las más graves como el maltrato, hubieran disminuido de una forma considerable, pero claro, los animales no votan y para los políticos locales no es prioritario poner el acento en todo lo que afecta al derecho animal, algunos incluso lo solucionan suscribiendo contratos con verdaderos campos de exterminio.

Cabe recordar el caso de “Parque Animal” de Torremolinos, que lamentablemente alrededor de nuestra geografía siguen habiendo muchos “parques animales” silenciados por las propios administraciones, mirando hacia otro lado mientras vean “su problema” solucionado. Los ayuntamiento tienen que aplicar las normas y no establecer prioridades en unos ámbitos frente a otros aplicando todas las leyes por igual sin ningún tipo de distinción, menoscabando el derecho animal frente a otros.

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