Especialidad de Laboratorio Clínico: Carta abierta al Magistrado del Tribunal Supremo

Excmo. Sr. Magistrado:

Me dirijo a V.E. en mi condición de Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz y Consejero del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España, tras conocer la sentencia por la que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto contra la Disposición Final Segunda del Real Decreto 101/2025, de 18 de febrero, por la que se excluye a los graduados y licenciados en veterinaria del acceso a la especialidad de Laboratorio Clínico

Lo hago desde el máximo respeto a la independencia judicial, a la autoridad del Tribunal Supremo y al Estado de Derecho que todos estamos obligados a preservar. Pero también desde la obligación moral y profesional de defender la dignidad, la formación y las competencias de una profesión sanitaria que ha servido a España durante más de dos siglos.

La sentencia afirma que no existe obligación legal alguna que imponga al Gobierno incluir a los titulados en Veterinaria entre quienes pueden acceder a la especialidad de Laboratorio Clínico, argumentando que el perfil profesional regulado se centra en el análisis de muestras de origen humano y que nuestro ámbito de actuación es la sanidad animal. Abunda en su argumento diciendo que otras titulaciones NO SANITARIAS (Biología, Químicas, etc.) tienen el perfil técnico del especialista que se requiere (esta conclusión ha generado una profunda decepción e indignación entre miles de veterinarios españoles).

No esperábamos de los tribunales una decisión corporativa o favorable a nuestros intereses profesionales, pero sí confiábamos en que se analizara con mayor profundidad la verdadera naturaleza de la cuestión planteada: si resulta constitucionalmente razonable excluir de manera absoluta a una profesión sanitaria y biomédica de una especialidad para la que posee formación, conocimientos y competencias científicas ampliamente acreditadas.

La argumentación contenida en la sentencia parece reducir el debate a una cuestión formal: al no existir una norma que obligue al Gobierno a incluir a los veterinarios, la exclusión sería jurídicamente válida. Sin embargo, muchos profesionales entendemos que precisamente la esencia del artículo 14 de nuestra Constitución consiste en examinar si las diferencias de trato entre colectivos comparables encuentran una justificación objetiva, razonable y proporcionada.

La igualdad constitucional no puede quedar limitada a comprobar si existe o no una obligación legal previa. Si así fuera, el principio de igualdad perdería gran parte de su función garantista.

Los veterinarios españoles cursan una de las titulaciones más exigentes del ámbito de las ciencias de la salud. Estudian anatomía, fisiología, bioquímica, inmunología, microbiología, genética, farmacología, patología clínica y diagnóstico laboratorial. De hecho, yo trabajo en un laboratorio oficial diagnosticando enfermedades animales, muchas de ellas transmisibles a las personas. Los veterinarios trabajan diariamente con técnicas analíticas avanzadas, participan en investigación biomédica, dirigen laboratorios, contribuyen a la vigilancia epidemiológica y forman parte de la arquitectura científica que protege la salud pública.

Resulta difícil comprender que una profesión considerada sanitaria por nuestro ordenamiento jurídico, integrada en el enfoque One Health promovido por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la FAO, pueda ser considerada apta para prevenir pandemias, controlar zoonosis, garantizar la seguridad alimentaria o participar en proyectos de investigación biomédica, pero no para acceder a una especialidad relacionada con el laboratorio clínico.

Más difícil resulta aun cuando la sentencia parece asumir como suficiente justificación el hecho de que las muestras sean de origen humano, como si la capacidad científica para analizar procesos biológicos dependiera de la especie de procedencia de la muestra y no de la formación adquirida por el profesional que la interpreta.

Los veterinarios conocemos bien las consecuencias que históricamente ha tenido la fragmentación artificial del conocimiento. La ciencia avanza integrando disciplinas, no levantando barreras entre ellas. La pandemia de COVID-19, las crisis sanitarias globales y la consolidación del paradigma One Health han demostrado precisamente la necesidad de una visión multidisciplinar de la salud.

Por ello, más allá del resultado concreto del procedimiento, la sentencia deja una sensación preocupante: la de que una profesión biomédica esencial para la salud pública española continúa siendo contemplada desde una visión reduccionista y alejada de la realidad científica del siglo XXI.

No cuestionamos la legitimidad de la decisión adoptada por la Sala, pero sí reivindicamos el derecho de nuestra profesión a expresar su desacuerdo con una interpretación que, a nuestro juicio, no ha valorado suficientemente la dimensión científica, sanitaria y constitucional del problema planteado.

Los veterinarios nos hemos caracterizado siempre por no reclamar privilegios, pero en esta ocasión RECLAMO, RECLAMAMOS RECONOCIMIENTO. Reclamamos que nuestras capacidades sean valoradas con criterios científicos y no mediante concepciones tradicionales que ya no responden a la realidad de las profesiones sanitarias modernas.

La historia de la medicina, de la microbiología, de la inmunología y de la salud pública está llena de nombres de veterinarios que contribuyeron decisivamente al progreso de la humanidad. Esa historia merece algo más que ser ignorada por las normas; merece ser tenida en cuenta cuando se adoptan decisiones que condicionan el futuro de las nuevas generaciones de profesionales.

Con el respeto debido a la función jurisdiccional que V.E. desempeña, pero con la firmeza que exige la defensa de mi profesión, le traslado estas reflexiones en nombre de muchos veterinarios que hoy sienten que el ordenamiento jurídico ha desaprovechado una oportunidad para avanzar hacia una concepción más moderna, integradora y científicamente coherente de las profesiones sanitarias.

Reciba un cordial saludo.

Dr. José-Marín Sánchez Murillo

Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz

Consejero de las Áreas de Ciencia y Especialización del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España