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MADRID

OPINIÓN

Economía frente a salud pública

Economía frente a salud pública

Marco Aurelio Sánchez - 27-04-2018 - 11:00 H

Presidente de la Sociedad Científica de Veterinaria de Salud Pública y Comunitaria

"Cuando me hablan de salud pública siempre me acuerdo de los veterinarios que están en los mataderos. No sé si ustedes han estado alguna vez en un matadero, que no es precisamente un lugar muy agradable, como saben bien. En ese ambiente, vamos a decirlo así, un poco hostil, es el único profesional que está defendiendo al ciudadano. Es así de claro. A veces han llegado incluso a padecer situaciones muy lamentables, muy tristes, con agresiones, atentados, etcétera, por defender a los ciudadanos". Se trata de palabras del presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios, Juan José Badiola, en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados

Esta afirmación viene a colación por la sentencia STSJ CLM 2390/2017. Incarlopsa, proveedor de una importante cadena de supermercados (Mercadona según los medios)  pasa a sacrificar una cantidad de cerdos que sobrepasa la capacidad de su instalación. Y estando conscientes se les degüella o se les dispara en la cabeza para suplir el fallo. Dos veterinarios oficiales lo hacen constar en acta, de forma objetiva, limitándose a cumplir la legislación y los protocolos que le proporciona la propia Administración. Si el animal tras el aturdimiento cierra el ojo al tocárselo con el dedo (reflejo palpebral) y si emite chillidos  durante el degüello es que el aturdimiento no funciona. Los demás veterinarios oficiales no lo hacen constar en acta. Según la sentencia tal vez cabría preguntarse si la actuación de los otros Veterinarios Oficiales de Matadero es ajustada a la normativa, aunque no es aquí, en el seno de un concreto procedimiento disciplinario abierto a un funcionario, donde debamos plantearnos la cuestión.

Mirar para otro lado puede ser por negligencia o por connivencia con el operador económico o por sentirse amenazado si se cumple con el deber. En este caso no hay duda: los veterinarios oficiales que cumplían su deber se jugaban su puesto. Y esto es distinto para funcionarios de carrera que para interinos o contratados. En estos puede implicar perder el trabajo y no solo ser trasladados. Cabría preguntarse por qué hay tantos puestos de veterinario oficial de matadero ocupados por interinos y qué implicaciones puede tener para la salud pública. Cabría preguntarse por qué el sector de la carne propone, insistentemente que los inspectores sean privados, designados y pagados por el sector y no empleados públicos, cosa que ya ha conseguido en varias autonomías en el sector de piezas de caza.

Cumplir la ley habría reducido el número de  cerdos sacrificables al día y afectaría al compromiso comercial, asunto que debe ser ajeno al inspector y al departamento de Salud.

Lo lamentable, triste y preocupante hasta el punto de causar, según sus palabras, perplejidad a los Magistrados es que la Administración, decida aplicar medidas cautelares y apartar de su puesto a los inspectores a petición del operador comercial. Según el Tribunal, entra ya de lleno en el ámbito de la manifiesta arbitrariedad y demuestra una complacencia y claudicación frente a los deseos de un administrado, que supuestamente debe sujetarse al control de la Administración, que a esta Sala le resulta de muy difícil explicación y que es frontalmente incompatible con el interés general que la Administración debe defender de acuerdo con el art. 103 CE .

INTERESES ECONÓMICOS

Lo que preocupaba a la Administración no era el incumplimiento de la legislación, ni las repercusiones sobre el bienestar animal y la salud pública, ni la competencia desleal de este operador sino que lo que estorba a la Administración son los dos veterinarios oficiales que no iban a plegarse a la exigencia del Administrado, a sus intereses económicos.

Queda como mero brindis al sol uno de los principios generales de la ley de ordenación de profesiones sanitarias, su art 4 .7 El ejercicio de las profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena autonomía técnica y científica, sin más limitaciones que las establecidas en esta ley y por los demás principios y valores contenidos en el ordenamiento jurídico y deontológico.

La salud pública no puede depender orgánicamente de departamentos productivistas y economicistas pero tampoco de cargos sanitarios que no tengan claro que se deben a la salud. La salud pública veterinaria, desde la producción primaria hasta el ciudadano destinatario ha de depender directamente del sistema sanitario público como el resto de profesiones sanitarias y a todos los efectos. Lo demás, ubicarlos en consejerías, agencias o institutos, es marear la perdiz, es mantenerla fuera del sistema sanitario público a propósito, para huir del mencionado principio general de la ley de ordenaciones sanitarias.

Que la profesión veterinaria sea la única profesión sanitaria inexplicablemente excluida de la estructura orgánica del sistema sanitario y vetado de hecho, no de derecho, su acceso a especialidades en Ciencias de la Salud parece obedecer a intereses económicos. Si no supiéramos que el motivo es por el absoluto desconocimiento de los políticos de nuestra labor en la protección de salud de las personas frente a los peligros biológicos, químicos y físicos derivados de la vida animal y sus producciones se diría que es solamente por el conflicto de intereses que sentencias como esta dan a conocer.

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