El campo español calcinado, el abandono del gobierno y una Agenda 2030

Más de 400.000 hectáreas arrasadas, cientos de millones en pérdidas y un nivel 3 de emergencia que nunca se activa: el campo arde mientras la política mira hacia otro lado.

Este verano ha sido el peor en 20 años para el campo español. Hemos atravesado una de las mayores crisis medioambientales y rurales de las últimas décadas, con incendios que superan con creces los registros de años anteriores. El balance económico y social es demoledor: cientos de millones de euros en pérdidas, cultivos destruidos, explotaciones ganaderas arruinadas, animales muertos, ecosistemas calcinados y familias enteras sin medios para rehacer su vida porque lo han perdido todo en cuestión de horas.

Los incendios no son únicamente un problema ambiental: son una tragedia económica, social y humana. El fuego arrasa la tierra y devora el futuro del campo, el mismo que sostiene la soberanía alimentaria y el tejido rural de España. Y lo más grave es que no hablamos de un fenómeno inevitable, sino de la consecuencia directa de la desidia política, de la ausencia de prevención y de un Gobierno que prefiere maquillar su imagen antes que asumir responsabilidades, mientras las llamas destruyen la base misma de este país: el campo.

El nivel 3: la emergencia que nunca se activa

El nivel 3 de emergencia debería ser la respuesta inmediata ante catástrofes de esta magnitud, porque permitiría desplegar todos los recursos del Estado: la UME, las fuerzas armadas, brigadas de apoyo aéreo y una coordinación nacional real, centralizada y contundente.

Sin embargo, año tras año este nivel nunca se activa. El Gobierno se resiste a dar este paso. ¿Es por desconocimiento o por cálculo político? ¿Es cobardía para no reconocer públicamente que la situación se ha desbordado, que la gestión autonómica es insuficiente y que hacen falta recursos extraordinarios? Admitirlo supondría reconocer la incapacidad de gestión y asumir un coste político. Y esa incomodidad pesa más que la vida del campo.

Mientras tanto, los incendios siguen su curso devastador: pueblos evacuados a toda prisa, agricultores arriesgando su vida con tractores para improvisar cortafuegos, ganaderos intentando salvar a sus animales y familias que observan impotentes cómo el trabajo de generaciones se convierte en cenizas. Cada hectárea calcinada es también una responsabilidad política que se elude desde los despachos. Y el Estado, que debería estar al lado de quienes producen y sostienen el país, brilla otra vez por su ausencia, dejando al campo solo frente a otra catástrofe.

La Agenda 2030: promesas verdes, consecuencias grises

A esta tragedia se suma la presión de una Agenda 2030 que se presentó al mundo como hoja de ruta hacia un futuro más sostenible, justo y equilibrado, pero que en la práctica se ha convertido en un peso insoportable para agricultores y ganaderos.

Naciones Unidas la definió como el gran pacto global para combatir el cambio climático, erradicar la pobreza y garantizar un desarrollo armónico con el medio ambiente. En teoría, son objetivos incuestionables; en la práctica, su aplicación en el campo español se ha transformado en una losa burocrática que amenaza con hundir al sector primario.

Nadie en el campo está en contra de la sostenibilidad: llevamos siglos viviendo en equilibrio con la tierra. Pero lo que se nos impone desde los despachos no es sostenibilidad, sino trabas que condenan la producción nacional. La supuesta simplificación de políticas se ha convertido en una cascada de trámites, certificados e inspecciones que consumen tiempo y recursos de explotaciones que apenas sobreviven.

Cada documento mal cumplimentado se traduce en multas o recortes de ayudas que pueden arruinar a una familia. Además, sufrimos una competencia desleal: mientras al agricultor español se le exige cumplir los estándares más estrictos de Europa, se abren las puertas a importaciones masivas de productos extranjeros que no respetan ni una fracción de esas normas. El resultado es perverso: el agricultor local pierde rentabilidad, abandona la producción, el campo queda desprotegido y aumentan los riesgos de incendios y despoblación.

A esto se suman las restricciones desproporcionadas y la falsa ecología: se insiste en “verdear” el campo, pero los montes permanecen sin limpieza ni gestión forestal; se restringen fertilizantes o fitosanitarios sin ofrecer alternativas viables; se limitan las explotaciones ganaderas sin aprovechar su papel como reguladores naturales del ecosistema. El resultado es un campo debilitado, vulnerable y con menos capacidad de prevenir incendios.

Y, por si fuera poco, llega el espejismo de las energías renovables mal planificadas: se arranca suelo agrícola fértil para instalar masivamente placas solares, transformando el paisaje rural. ¿De verdad este es el camino hacia la neutralidad climática? ¿Por qué se trata al agricultor y al ganadero como culpables en lugar de reconocerlos como parte de la solución? Nadie mejor que ellos conoce los ritmos de la naturaleza ni el valor de una gestión equilibrada de la tierra. Pero en lugar de apoyarlos con tecnología, formación o incentivos, se les expulsa con un marco normativo que los margina y los sustituye.

El campo sostiene a España, pero España lo deja morir

Me reafirmo: el campo sostiene a España, pero España lo está dejando morir. Y el campo no es un sector secundario: es la columna vertebral del país, la base sobre la que se sostiene toda la sociedad.

De él dependen los alimentos que llegan a nuestras mesas, la economía de miles de pueblos, la conservación del ecosistema que decimos querer proteger y la cultura que nos define como nación.

Sin agricultores ni ganaderos, España se queda sin soberanía alimentaria y a merced de los mercados internacionales. Sin pueblos vivos, avanza la despoblación y con ella desaparecen servicios y tradiciones. Sin gestión forestal real, los incendios seguirán repitiéndose cada verano con consecuencias cada vez más devastadoras.

Y, sin embargo, para este Gobierno, el campo sigue siendo invisible. Se le recuerda solo en campañas electorales o en discursos de escaparate. Cuando llega la tragedia —cuando arden las tierras y se pierden millones— el silencio y la indiferencia son la norma.

Conclusión

La realidad es simple: el campo no es un decorado ni una foto electoral. El campo es vida, alimento, economía y futuro. Y hoy se le vuelve a abandonar: se le asfixia con normativas absurdas, se le condena con políticas pensadas para titulares, mientras el Gobierno se cruza de brazos.

Por la inacción política y por agendas mal diseñadas, un país entero está condenando su propio futuro.