Consideran ajustado a derecho el censo del ADN canino

El Justicia de Aragón —equivalente en el resto de España al Defensor del Pueblo—, Ángel Dolado, considera ajustada a derecho la obligatoriedad de censar el ADN canino establecido en Zaragoza, un registro que se fija en la nueva Ordenanza municipal para la protección, tenencia responsable y venta de animales en vigor desde el 30 de abril.

Así lo ha indicado en un comunicado después de que varios ciudadanos le presentaran quejas en las que consideraban que dicha ordenanza sobrepasa la legislación de Aragón y vulnera la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad de los propietarios de animales, al crear una base de datos de presuntos culpables de un delito de maltrato y abandono de animales de compañía antes de que éste se produzca. 

El Justicia admitió a trámite estas quejas y solicitó información sobre esta cuestión tanto al Ayuntamiento de la capital aragonesa, como al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón y al Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza. El Colegio de Veterinarios de Alicante considera, por su parte, que este método no es eficaz.

Vistas las competencias de las administraciones y las explicaciones remitidas, el Justicia entiende que la Ordenanza está ajustada a derecho dado que el Ayuntamiento, al registrar el genotipado de los animales no está creando una nueva base de datos, lo que desbordaría sus competencias, sino que pasa a incorporarlos como un nuevo dato al registro creado en cumplimiento del Decreto 64/2006, según recoge el informe del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.

Añade además que la creación de registros de identificación de animales trata de cumplir una doble función: garantizar su bienestar, tratando de evitar su abandono o maltrato, y evitar problemas de salud pública, pero no criminalizar a los dueños que se preocupan por la salud de su mascota.

También apunta el Justicia que la inclusión del análisis genético en la ordenanza entra dentro de la discrecionalidad de la administración con unos márgenes de opción y decisión más o menos amplios, aunque siempre dentro de los límites legales.