El Defensor del Pueblo persiguió la venta ilegal de animales en internet en 2020

El defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha entregado este jueves a las Cortes Generales el Informe Anual que recoge la gestión de la institución en 2020, un ejercicio que ha estado marcado por la pandemia mundial de la Covid-19.

En dicho periodo, se tramitaron 29.335 expedientes, entre quejas (28.020), investigaciones de oficio (406) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y amparo (909). A esta cifra hay que sumar los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.026, de los cuales 1.135 fueron presenciales y 15.891 a través de llamadas de teléfono.

Los asuntos relativos a la Administración de Justicia lideraron las preocupaciones ciudadanas (4.439). Le siguieron las quejas relacionadas con el empleo y la Seguridad Social (3.493), las migraciones (2.716), la educación (2.579) y la sanidad (2.183).

Por otro lado, el informe también recoge asuntos relativos a los animales. Así, por ejemplo, el documento del Defensor del Pueblo recoge las medidas del Ayuntamiento de Sevilla realizadas en el marco de la red de protección de las personas sin hogar de la ciudad hispalense.

En este sentido, el consistorio sevillano estuvo estudiando la posibilidad de acondicionar espacios para perros en los centros específicos para personas sin hogar. No obstante, después de que expertos en protección animal analizaran esta iniciativa, el Ayuntamiento concluyó que no es posible acondicionar este tipo de centros por las dificultades que implica derivadas de la propia normativa existente y las características de los centros, así como por la necesidad de que los animales estén al corriente de vacunaciones, microchip y pasaporte, circunstancias que no se cumplen, y por la concurrencia de una serie de requisitos y cuidados que no se pueden realizar desde el centro de acogida.

INFRACCIONES GRAVES POR VENTA DE ANIMALES A TRAVÉS DE INTERNET

Además del caso de Sevilla, en el informe del Defensor del Pueblo se dedica un apartado exclusivamente al bienestar animal, en el que se incluye un caso de venta de animales domésticos a través de anuncios por internet en Galicia.

Las investigaciones al respecto se iniciaron cuando se puso en conocimiento del Defensor del Pueblo que una asociación había dirigido más de cinco denuncias a la Consejería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, en las cuales se advertía de la presencia de ofertas irregulares de venta de perros en diferentes portales de internet, ya que estos anuncios debían incluir de forma obligatoria el número de inscripción en el Registro Gallego de Núcleos Zoológicos.

A pesar de ello, según se explica en el informe, desde la Consejería de Medio Ambiente gallega no parecía que, en un primer momento, hubieran iniciado un procedimiento sancionador por las presuntas infracciones cometidas por las empresas que permitían la divulgación de anuncios.

Una vez que el Defensor del Pueblo inició contactos con la consejería, la institución gallega aseguró que “no había permanecido impasible ante las denuncias” y finalmente procedió a la incoación del procedimiento sancionador contra la empresa responsable de la plataforma digital.

De hecho, según informó la consejería, los hechos probados han sido constitutivos de las infracciones administrativas graves tipificadas y fue considerada responsable de esas infracciones a la entidad denunciada por omisión.

Tras esto, el Defensor del Pueblo “confía en que las situaciones descritas en esta queja no se vuelvan a repetir”, incluso considera “adecuado” que por parte de la Administración autonómica exista un seguimiento de este problema y que, además, se valore la realización de campañas informativas a la población sobre la normativa sobre bienestar animal.