Sería “imperdonable” que el nuevo director general de Ganadería de Castilla y León no fuese veterinario

Los afiliados al Sindicato de Veterinarios de León (SIVELE-USCAL), reunidos en Asamblea General, han elegido a su nueva Junta Directiva. En dicha reunión, además de la elección de sus Órganos de Gobierno, han sido abordadas otras cuestiones relevantes para el futuro profesional de los Veterinarios que ejercen sus funciones al servicio de la Junta de Castilla y León, como el nombramiento del nuevo director general de Ganadería.

La nueva Junta Directiva ha quedado compuesta por Manuel Martínez Domínguez, como presidente; Fernando González González, como vicepresidente; Mónica Urdiales de la Varga, como secretaria; y Santiago de la Varga Rodríguez, como tesorero.

Por otro lado, los vocales son: Ángel San José Fernández, Luis Enrique Fernández Vaquero, Ignacio Gómez Campillo, Juan Carlos Santos Mediavilla, Jacinto Palacios Frontaura, Pablo Martínez, Marta De Castro Ponga, Roberto Bances Hernández.

Finalizada la votación, la Asamblea agradeció a las compañeras de la anterior legislatura que han cesado voluntariamente en sus puestos: Coral Núñez (secretaria general) y Gloria Álvarez (tesorera) o por jubilación: Raúl González, el trabajo llevado a cabo a lo largo de los años que se han mantenido al frente de sus responsabilidades sindicales.

La Asamblea General, en esta cita anual, repasó todas las actividades desarrolladas en el año y, además de aprobar los presupuestos para el ejercicio en curso, propuso a su nueva Junta Directiva varias iniciativas que deberá llevar a cabo para “la obtención de los importantes retos que se marca como objetivos inmediatos”.

Asimismo, dedicaron un “capítulo especial” al análisis de las “temerarias actuaciones” que está llevando a cabo la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en materia de sanidad animal.

“Llegar al estatus sanitario actual de la ganadería de León, y de toda Castilla y León, ha costado muchos sacrificios desde los años 90 en los que se generalizaron los reconocimientos sanitarios y, por el contrario, destrozar la sanidad de las explotaciones ganaderas con actuaciones erráticas y populistas puede suponer apenas unos meses”, advierten.

En este sentido, añaden que, aunque el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha rectificado y reconocido públicamente que la tuberculosis es un problema de salud pública, además de un grave quebranto de las economías agroalimentarias, esto no les tranquiliza “en absoluto”, teniendo en cuenta que en un Foro Agroalimentario de este martes 14 de junio volvió a insistir en que “prefiere controlar para erradicar y no erradicar para controlar”.

“La falta de criterio sanitario en su equipo de dirección, es evidente. Resultaría imperdonable, y así lo expresaremos al presidente de la Junta, que el nuevo director, o directora, general de Producción Agrícola y Ganadera, que según avanzó en el referido Foro Agroalimentario se nombrará en el Consejo de Gobierno de mañana jueves, no fuera un veterinario”, señalan.

Según apunta el sindicato, “sería la primera vez en la historia reciente de la Consejería que en el Consejo de Dirección no se siente ningún sanitario”. “Exigiremos responsabilidades si las políticas antisistema 'One Health', una sola salud que con buen criterio había comenzado a implementar el anterior consejero, lastran la salud pública de los ciudadanos de esta comunidad y lesionan gravemente la economía de los ganaderos del país”, adelantan.

VETERINARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

Por su parte, abordaron otros temas relativos a los veterinarios que trabajan en la Administración de Castilla y León. Así acordaron que entre las prioridades de la nueva directiva del sindicato esté el exigir a la Junta que cumpla la normativa vigente y evite las discriminaciones actuales entre los sanitarios asistenciales y los de salud pública en cuanto a la carrera profesional, el sistema de acceso a la función pública, la formación, la investigación, la movilidad y las retribuciones.

Igualmente, mostraron su rechazo al diseño de la carrera profesional horizontal, pues considera que contiene “una suerte de errores de dimensionado” que “hará muy complicada su implantación de una manera coherente y práctica”.

Por último, llamaron a “mantenerse proactivos en la negociación de la nueva Ley de la Función Pública de Castilla y León, la Ley de Cuerpos y Escalas y el desarrollo de los procesos de estabilidad en el empleo”.