Sancionarán asaltos a granjas por comprometer el bienestar animal

Los Agentes Rurales ultiman un protocolo con los Mossos d'Esquadra para poder levantar actas por infracción administrativa a la Ley de Bienestar Animal en los casos de ocupaciones ilegales de explotaciones ganaderas, en que se podrían imponer sanciones de entre 6.000 y 100.000 euros.

Según han informado fuentes del gobierno catalán, las consellerías de Interior y Agricultura ultiman un protocolo, que prevén tener a punto en septiembre, para abordar de forma coordinada la problemática de las ocupaciones de determinados colectivos a explotaciones ganaderas para protestar por las condiciones de los animales, tras acumularse en los últimos meses media docena de casos.

En concreto, según las fuentes, el protocolo prevé que haya una actuación coordinada con los Mossos y los Agentes Rurales, de forma que estos últimos puedan acudir en caso de denuncia por ocupación para levantar acta administrativa por infracción de la Ley de Bienestar Animal, de forma paralela a la vía penal abierta por los Mossos d'Esquadra.

Además, Agricultura también está estudiando una modificación de la Ley de Bienestar Animal para blindar el actual régimen sancionador por infracciones como la ocupación de las explotaciones ganaderas, que fija sanciones de entre 6.000 hasta 100.000 euros.

Según Agricultura, este tipo de protestas comportan un riesgo grave para la bioseguridad de las explotaciones y la transmisión de enfermedades, así como para el bienestar de los animales, ya que representan un factor de estrés muy elevado.

REACCIONES DEL SECTOR GANADERO

Ante el anuncio por parte de las instituciones catalanas, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha expresado su satisfacción y ha expresado su agradecimiento por estas medidas a causa de los “graves perjuicios” que las ocupaciones representan para el sector ganadero, que se ve obligado a cumplir medidas para garantizar la “bioseguridad” y evitar contagios de enfermedades como la peste porcina.

Desde ASAJA han contrapuesto las medidas que el sector ganadero debe cumplir “obligatoriamente”, mientras los “animalistas pueden entrar a tocar el ganado y estresarlo”, vulnerando sus derechos y el bienestar animal.

Asimismo, la presidenta de ASAJA, Rosa Pruna, ha considerado que “ya era hora de adoptar estas medidas y sanciones y llevar ante los tribunales estas actuaciones”.