Ganaderos celebran que el veterinario de explotación deje de ser obligatorio, pero piden su "eliminación total"

La semana pasada el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció una serie de medidas tras concluir el Foro de Ganadería Extensiva, entre ellas que la figura del veterinario de explotación pasaría a tener carácter voluntario.

La organización agraria COAG ha valorado algunas de estas medidas en las que ha visto “luces y sombras”. La delegación de ganaderos y ganaderas de COAG valora especialmente los avances en materia de sanidad animal y simplificación de la carga administrativa pero echa en falta mucha más ambición y concreción en cuestiones de fondo que afectan a la rentabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones de vacuno y ovino en extensivo.

“No podemos mirar para otro lado cuando 1.550 explotaciones de ganadería extensiva cierran cada año en nuestro país porque no le salen las cuentas”, ha recordado Ángeles Santos, responsable de Ganadería Extensiva en la Comisión Ejecutiva de COAG. 

En relación a ello, Iria Costela, responsable técnica de Ganadería de COAG, que también ha formado parte de la delegación de esta organización en este foro de diálogo, ha apuntado que “es imprescindible que el MAPA trabaje para garantizar el mantenimiento y el relevo generacional de las miles de explotaciones en régimen extensivo que a día de hoy aún se encuentran activas en nuestro territorio (más de 84.000 explotaciones de vaca nodriza, 89.000 de ovino y 51.000 de caprino); sobre todo de las pequeñas y medianas, de carácter mayoritariamente familiar, que son las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad".

En el lado de las “luces”, COAG aplaude los avances del Ministerio de Agricultura en relación al carácter voluntario de la figura del veterinario de explotación, la revisión y simplificación del contenido del plan sanitario integral, el sistema integral de explotaciones y el plan de bienestar animal.

“Son demandas lideradas por esta organización para reducir un aumento de costes para el ganadero que no redunda en mejoras sanitarias y de bienestar. No obstante, desde COAG seguiremos reclamando la eliminación total del veterinario de explotación”, ha subrayado el responsable de vacuno de carne, Joaquín Gargallo.

AYUDAS POR LA ENFERMEDAD HEMORRÁGICA EPIZOÓTICA

Asimismo, también son destacables los 15 millones de euros para subvencionar los gastos en los que hayan incurrido los ganaderos para hacer frente a la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE).

“Vamos a exigir a las comunidades autónomas que contribuyan con otros 15 millones de euros complementarios”, ha apostillado José Manuel Cortés, presidente de COAG Salamanca. La aplicación proporcional del programa de erradicación de la tuberculosis, adaptado al riesgo y a la realidad, sin menoscabo del estatus sanitario, también ha sido bien recibida por el sector.

“Hemos de seguir trabajando para que no queden en el olvido muchas propuestas que, de forma unánime por parte de todos los representantes ganaderos que conformamos el foro, se han puesto sobre la mesa y no se han visualizado en las conclusiones finales”, ha afirmado el responsable del sector ovino-caprino de COAG, Antonio Punzano.

En ese sentido, COAG considera necesario avanzar en cuestiones relacionadas con "el rechazo a los acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países, que suponen una competencia desleal respecto a nuestros ganaderos (caso del Mercosur), la protección de la ganadería extensiva frente a grandes depredadores (el lobo debe eliminarse del LESPRE), la protección y fomento de los circuitos cortos de comercialización, la vuelta al cálculo de las UGMs de la PAC anterior o la elaboración de un estudio para cuantificar los beneficios ecosistémicos de esta ganadería y obtener así una compensación económica por los mismos". 

“Lamentamos que no se haya profundizado en más actuaciones que contribuyan a revalorizar los productos de la ganadería extensiva, que sirvan para visibilizar de cara al consumidor la alta calidad de estas producciones. Potenciar la compra pública y los canales cortos de comercialización y reforzar la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria para que los ganaderos y ganaderas reciban precios justos deben estar en la agenda. Máxime, cuando hablamos de potenciar el modelo de producción que más contribuye a fijar población en las zonas de montaña”, ha concluido la secretaria general del Sindicato Lábrego Galego (SLG), Isabel Villalba.