España considera que la reforma europea en el transporte de animales tendrá consecuencias económicas “escasas”

La Comisión Europea está preparando una propuesta para actualizar la legislación sobre transporte de animales con el objetivo de mejorar el bienestar animal, que tienen previsto presentar en el segundo semestre de 2023.

En este sentido, España y otros países como Portugal o Francia se han opuesto a algunas propuestas presentadas por países del norte de Europa, como la prohibición del transporte de animales vivos.

Para conocer el impacto que puede tener esta reforma en España, el grupo parlamentario Vox ha hecho una pregunta escrita al Gobierno sobre las posibles consecuencias económicas que puedan tener para el país estas novedades, centrándose en las medidas sobre transporte marítimo.

La respuesta del Ejecutivo es que se estima que el impacto económico para el sector agroganadero español “será escaso”. Para ello se basan en una serie de aspectos; uno de ellos es que los requisitos sobre registro de las inspecciones serán soportados por la autoridad competente y que los requisitos sobre planes de contingencia ya formaban parte de la normativa española desde noviembre de 2022.

Respecto a los requisitos sobre la autorización de los barcos, explican que tendrá que ser asumido por el transportista. “El nuevo requisito, sobre el control del veterinario oficial en el primer viaje y antes de la renovación, tendrá un impacto sobre el transportista. Dado que cada movimiento supone cientos de miles de euros y que las autorizaciones pueden durar hasta cinco años, el coste que la tasa que la autoridad competente pueda establecer se amortizará a lo largo de estos años”, añaden.

En cuanto al coste de la existencia de un puesto de control a un máximo de 2 horas de distancia por carretera del punto de salida de que se trate, consideran que “se puede gestionar de muchas formas”.

“Si el propio sector se organiza para disponer de uno, puede utilizarlo no solo como puesto de control sino también como centro de concentración, diversificando sus negocios. También puede ser asumido por las entidades que gestionan el puerto, junto otras entidades, suponiendo de la misma forma una diversificación de su actividad”, afirman.

EL GOBIERNO MANTENDRÁ SU APOYO A LOS SERVICIOS VETERINARIOS OFICIALES

En lo que respecta a los costes sociales, consideran que serán positivos, “puesto que el transporte de animales a larga distancia, en particular la exportación por barco está cuestionado por considerarse que supone un perjuicio para el bienestar de los animales”. “Estos controles adicionales asegurarán más aún dicho bienestar de los animales y, por tanto, la aceptación social de esta actividad”, aseguran.

Asimismo, adelantan que desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está previsto mantener el apoyo que ya se presta a los servicios veterinarios oficiales de los puntos de salida, a fin de que puedan desarrollar su labor.

Por último, señalan que el reglamento no supondrá, per se, la deslocalización de ninguna producción. “Ante la posibilidad de la prohibición de la exportación de animales, solicitada por varios Estados miembros de la Unión Europea, se considera que es una buena señal que la Comisión Europea opte por concretar los requisitos de control y otros suplementarios, que ayuden a garantizar el bienestar de los animales”, explican.

“Adicionalmente, es necesario constatar que, aunque se prevé una modificación del conjunto de la normativa de bienestar en el transporte de mayor calado, cuya propuesta será previsiblemente presentada en el último tercio del año 2023, coincidiendo con la Presidencia Española de la Unión Europea, desde el Gobierno se mantiene una actitud vigilante para que esta modificación no implique una pérdida de competitividad que implique un riesgo para la agricultura, y en particular para aquellos modelos más vulnerables como la agricultura familiar o extensiva”, afirman.

Previamente a las propuestas legislativas, ven necesario verificar que el estudio de impacto que las acompaña y que debe elaborar la Comisión Europea “es lo suficientemente amplio y ambicioso y permite comprobar los efectos económicos y sociales que pueden tener las diferentes opciones legales que se planteen”.

“En la evaluación tanto de las propuestas como del análisis de impacto, se mantendrá una estrecha cooperación con los sectores directamente afectados que permita identificar los aspectos de mayor sensibilidad sectorial”, insisten.

En definitiva, aseguran que las gestiones del Gobierno de España con la Comisión Europea para cualquier compromiso normativo se circunscriben a conseguir que las medidas, “sea cual sea su ámbito de desarrollo, sean proporcionadas y permitan un desarrollo sostenible de la ganadería familiar”.