Condenan a ganadero por causar falsos positivos a brucelosis con vacunas ilegales

La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado este 7 de enero a un ganadero de Castro Rei (Lugo) por intento de estafa tras administrar a sus vacas 2 vacunas contra la brucelosis, prohibidas en España, con el objetivo de provocar que las autoridades decretaran un vaciado sanitario y beneficiarse así de las indemnizaciones por el sacrificio de los animales y por lucro cesante.

Los hechos probados sucedieron en el 2012, según se especifica en la sentencia, a la que ha podido tener acceso Animal’s Health. Ese año, saltaron todas las alarmas tras notificarse un foco de brucelosis en una explotación ganadera de Lugo, a pesar de que desde hacía 2 años no se había registrado ningún animal con la enfermedad en toda Galicia.

En este sentido, según se indica en la sentencia, el brote de la enfermedad fue provocado por el ganadero, que inoculó cepas vivas de brucelosis contenidas en vacunas cuyo uso está prohibido desde el año 1988 (vacuna S19 y Rev1), con el propósito de que se detectase la bacteria de la brucelosis en su explotación. 

De hecho, finalmente los servicios de inspección de la Xunta de Galicia terminaron detectando la enfermedad durante la campaña de saneamiento del mes de octubre, por lo que el condenado terminó consiguiendo su objetivo, que era intentar acceder a las indemnizaciones previstas como consecuencia del sacrificio obligatorio de ganado en ejecución de los programas de lucha, control y erradicación de enfermedades.

PRETENDÍA SER INDEMINAZO CON MÁS DE 100.000 EUROS

El día 25 de octubre se obtuvieron los resultados de la prueba de análisis serológicos desarrollados por el Laboratorio de Sanidade e Producción Animal de Galicia (LASAPAGA), revelándose una infección que afectaba a 70 reses. En virtud de este resultado, y siguiendo los protocolos de sanidad animal, se acordó el vaciado sanitario de la explotación, procediendo al sacrificio de todos los animales de la misma, un total de 144 vacas, e incoándose de oficio el expediente de indemnización a favor del acusado.

Tras el sacrificio de los animales, el ganadero asumió el derecho de ser indemnizado con 102.640 euros, además de una cantidad que variaría entre 30.121,91 y 48.327,46 euros por lucro cesante, —cantidades a las que habría que deducir las indemnizaciones percibidas por su póliza de seguro—.

Asimismo, en la sentencia se indica cómo el acusado acudió en diversas ocasiones a la Consellería de Medio Rural y del Mar de la Xunta de Galicia a interesarse por tales indemnizaciones, solicitando en fecha de 19 de Noviembre de 2012 la cantidad que le correspondiese.

Tras el brote de la enfermedad, la Consellería de Medio Rural de Galicia comenzó a tomar una serie de medidas para contener el brote. Fue durante la investigación de los sueros obtenidos de los animales cuando los laboratorios encargados de la investigación descubren que las cepas halladas en las reses correspondían con las cepas vacunales S19 y Rev1.

La investigación llevada a cabo por la Consellería termina costando al ente público 22.475,03 euros según el certificado del director general de Ganadería de la Xunta de Galicia.

INTERVENCIONES TELEFÓNICAS AL GANADERO

“Frente a la contundencia del resultado, el acusado se limita a negar la vacunación de las reses”, explica la sentencia, pero destaca que en unas intervenciones telefónicas de marzo de 2013 “se evidencia la preocupación del acusado, que era consciente de la gravedad de los hechos y de sus consecuencias penales, así como de su defensa relativa a la impugnación de las pruebas”.

Asimismo, la Sala de la Audiencia de Lugo determina en la sentencia que “no alberga dudas sobre la conducta del acusado, que procedió a inocular las vacunas con la única intención de obtener las indemnizaciones que la Xunta otorgaba por el sacrifico obligatorio de las reses”.

Por todo ello, se termina condenando al ganadero por un delito de intento de estafa a la pena de 5 meses de prisión y multa de 3 meses a razón de 10 euros diarios. Además, en concepto de responsabilidad civil, el acusado habrá de indemnizar a la Xunta de Galicia en la cantidad de 22.475,03 euros por gastos derivados para la detección del fraude. Asimismo, el condenado tendrá que abonar las costas devengadas en el presente procedimiento, incluidas las de las aAcusaciones Particulares.