Actualizan las normas de ordenación de granjas porcinas intensivas

El Ministerio de Agricultura (Mapa) ha publicado un proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas intensivas, en sustitución del actual RD 324/2000, tras la evolución que ha experimentado el sector.  

El Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, es la normativa básica en vigor que establece los requisitos generales que tienen que cumplir las explotaciones de ganado porcino, publicada hace más de 18 años.

Desde el Mapa informan que “el sector porcino español ha evolucionado de forma muy significativa desde el año 2000, en primer lugar, ha crecido enormemente hasta superar los 4 millones de toneladas anuales, que le sitúan como el cuarto productor mundial de carne de cerdo, aunque si nos centramos solo en la población porcina, en el censo, ocupa el tercer lugar a nivel mundial, y con una facturación cercana a los 6.000 millones de euros anuales”.

Así, los cambios que ha experimentado el sector “justifican, por sí mismos, la modificación de un marco normativo que se configuró para regular un sector que presenta una estructura productiva y empresarial totalmente diferente, y que se enfrenta a unos retos significativamente distintos a los que se enfrentaba hace casi 20 años”.

Por otra parte, el Ministerio destaca los retos más importantes a los que debe enfrentarse el sector durante los próximos años. Entre ellos sobresalen el establecimiento de nuevas obligaciones en materia de bioseguridad y sanidad animal y los nuevos compromisos en materia medioambiental.

BIOSEGURIDAD Y SANIDAD ANIMAL

El nuevo Real Decreto resalta, en materia de bioseguridad y sanidad animal, la importancia de “reforzar y ampliar los requisitos existentes en esta materia a todas las explotaciones de ganado porcino, adaptándolos al riesgo potencial que presentan los distintos tipos de explotaciones. Así mismo, es importante establecer un régimen claro de responsabilidades en materia de bioseguridad y sanidad animal, incluir requisitos en materia de formación para el personal que trabaja con ganado porcino, así como mejorar las obligaciones de la normativa en vigor para el movimiento de animales procedentes de distintas explotaciones y mejorar las obligaciones en materia de ubicación de explotaciones y distancias mínimas entre explotaciones y otros establecimientos que puedan presentar un riesgo higiosanitario”.