Castilla y León impone la vacunación obligatoria frente a la enfermedad de Newcastle en toda la comunidad

Castilla y León afronta una grave crisis de sanidad animal por la expansión de la enfermedad de Newcastle, que sigue extendiéndose por la provincia de Valladolid y que ya ha obligado a las autoridades regionales a endurecer sus medidas de contención.

Ayer jueves 9 de julio, el Ministerio de Agricultura (MAPA) notificó dos nuevos focos de la enfermedad en la provincia de Valladolid. El primero se localiza en una granja de broilers en el municipio de Íscar, perteneciente a la comarca de Olmedo. El segundo afecta a otra granja de broilers, en este caso en Tordesillas, un municipio que hasta ahora no figuraba entre los afectados por el brote.

Recientemente, el propio consejero de Agricultura de Castilla y León, el veterinario Joaquín Antonio Pino, recordó la gravedad de la situación, que deja ya más de un millón de animales afectados.

Pino criticó al MAPA, calificando de "insuficiente" la financiación destinada a sanidad animal en plena crisis por esta enfermedad, según sus propias declaraciones.

Ahora, en medio de este escenario, la Consejería de Agricultura ha publicado una resolución este viernes 10 de julio por la que se establecen medidas adicionales de mitigación del riesgo derivadas de la situación epidemiológica de la enfermedad de Newcastle en explotaciones de la comunidad autónoma.

VACUNACIÓN OBLIGATORIA EN LAS ZONAS AFECTADAS

La resolución establece como obligatoria la vacunación frente a la enfermedad en todas las explotaciones avícolas de producción y reproducción que no sean de autoconsumo. Deberán aplicarse, como mínimo, dos dosis en la pauta vacunal, garantizando un nivel adecuado de inmunización mediante las pautas autorizadas en todas las manadas incluidas en los municipios de las zonas de restricción de los focos activos.

Esta obligatoriedad se extenderá a las explotaciones de las provincias de Valladolid y Segovia a partir del 1 de agosto de 2026, y a la totalidad de las explotaciones de Castilla y León a partir del 1 de septiembre de 2026.

El texto también autoriza el enterramiento in situ de cadáveres de aves, así como de su estiércol, yacija u otras materias contumaces, en las explotaciones ubicadas en las zonas de restricción de los focos activos.

Para llevar a cabo este procedimiento, la fosa donde se depositen los cadáveres y el estiércol deberá contar previamente con una lámina de polietileno intacta y con suficientes galgas de resistencia para evitar la filtración del lixiviado derivado de la descomposición. Posteriormente se rociará con cal viva y se cubrirá con otra lámina de aislamiento, además de un mínimo de 1,5 metros de tierra. El área alrededor de la fosa también deberá rociarse con cal viva.

En cuanto a la ubicación, la resolución exige que el enterramiento se sitúe al menos a 250 metros de cualquier suministro de agua potable, a un mínimo de 50 metros de cualquier curso de agua y a al menos 100 metros de edificaciones habitadas.

PROTECCIÓN DEL ENTORNO Y ENTRADA EN VIGOR

El documento incide en que se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación de las capas freáticas o cualquier daño al medio ambiente, poniendo especial atención en que el enterramiento no suponga una alteración negativa del hábitat o de elementos de protección especial.

Asimismo, se establece que la entrada a la fosa deberá quedar protegida, prohibiéndose el acceso y vigilando que no entren perros, gatos, pájaros u otros animales en sus inmediaciones. Todo el material y los equipos empleados en estas operaciones tendrán que ser desinfectados de forma apropiada.

Por último, la resolución de la Consejería de Agricultura entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León; es decir, este mismo viernes.