Prisión provisional para la veterinaria inhabilitada que seguía ofreciendo sus servicios en Girona

Esta semana, los Mossos D'esquadra detuvieron por intrusismo y maltrato animal a una veterinaria inhabilitada tras varias denuncias en las que relataban que seguía ejerciendo y estafaba a los propietarios de mascotas cargándoles medicamentos y servicios inexistentes. También la acusaban de operar a animales en una habitación sin las condiciones sanitarias pertinentes.

Posteriormente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº4 de Santa Coloma de Farners, en la provincia de Girona, ha publicado un auto, mediante el cual se decreta la prisión provisional, eludible bajo el pago de 6.000 euros en concepto de fianza a espera de juicio tras tomarle declaración.

En el auto, al que ha tenido acceso Animal’s Health, además incluyen, como medida cautelar, la prohibición de desarrollar cualquier actividad relacionada con el trato, profesión, oficio, protección o comercio que tenga por objeto los animales o su tenencia. “Esta medida estará vigente durante la tramitación del procedimiento, hasta que recaiga resolución que ponga fin al mismo”, apuntan.

Desde el Juzgado explican que desde el Colegio de Veterinarios de Girona se acordó la inhabilitación y expulsión en el año 2017 de la investigada del cuerpo de veterinarios, siendo ratificada tal decisión por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Girona por resolución de 31 de julio de 2017.

Por su parte, los Mossos D’esquadra relatan que los primeros hechos se remontan al año 2012 cuando se recibieron las primeras denuncias de conducta negligente. A partir de aquí y hasta la actualidad se produjo un goteo constante de denuncias de propietarios de animales de compañía que denunciaban a la veterinaria por varios hechos: estafa, maltrato animal, falsificaciones de documento público e intrusismo profesional.

Actualmente tiene abierta una causa en al que se incluye la muerte de un perro al que, presuntamente, trató estando inhabilitada. En este caso, la denunciante relataba que se puso en contacto con la investigada para que tratara a su perra, de nombre Gala, produciéndose posteriormente, tras suministrar una inyección, así como tras tenerla bajo su custodia, el fallecimiento del animal.

Por parte de los Mossos se realizó la observación del vehículo y en su interior encontraron diversos efectos relacionados con la prestación de servicios veterinarios, algo que tenía prohibido.

En su declaración, la investigada manifestó que era autónoma, que tenía una empresa de peluquería, residencia y veterinaria, y que tenía permiso para desempeñar estas funciones. “Preguntada si tenía permiso del Colegio de veterinarios para desempeñar este tipo de función veterinaria manifestó que no, reconociendo que había sido inhabilitada varias veces y que, si bien actualmente está inhabilitada, no está desarrollando ese tipo de funciones, sino que realiza funciones de auxiliar de veterinaria”, señala el auto.

Sobre Gala, relató que le mandó una inyección su veterinario, y que se la puso ella, y que le ha puesto dos o tres veces inyecciones. En relación a la compra de medicamentos mientras estaba inhabilitada, manifestó que lo realizaba su empresa.

Preguntada sobre si informó a la señora denunciante de que estaba inhabilitada contestó que no, porque no se presenta como veterinaria. En relación al destino de la perra Gala contestó que no lo recuerda, que murió y la incineró en el tanatorio de mascotas de Riudarenes.

“Por tanto, nos encontramos con que es la propia investigada la que efectivamente manifiesta ser conocedora de la inhabilitación existente para el desempeño de funciones de veterinaria, y que no obstante la misma, desempeña actuaciones que ella considera que están fuera de la órbita de la veterinaria y son propias de ‘auxiliar de veterinaria’, como son el cuidado de animales, el suministro de medicamentos mediante inyección a los perros, o incluso la participación en las operaciones quirúrgicas de animales”, indican.

Teniendo todo esto en cuenta, el juzgado concluye que se presentan caracteres de delito sancionado con unas penas cuyo máximo es superior a dos años. Concretamente un delito de intrusismo, con pena de multa de 12 a 24 meses; delito de desobediencia con agravante de multireincidencia, con pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses; y delito de maltrato animal con resultado de muerte, con pena de 12 a 24 meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.