Piden al Gobierno desarrollar urgentemente protocolos para proteger a los animales en catástrofes

La entidad FAADA ha llevado a cabo una acción institucional para reclamar que la protección animal se integre de forma efectiva en las políticas públicas de gestión del riesgo y adaptación climática.

La organización ha trasladado al Consejo Estatal de Protección Animal y a la Dirección General de Derechos de los Animales la “necesidad urgente de desarrollar protocolos específicos y mecanismos de coordinación eficaces que garanticen la protección de los animales ante fenómenos climáticos extremos”.

Desde la entidad advierten de que en los últimos años se ha producido “una sucesión de episodios de especial gravedad que evidencian que no se trata de situaciones aisladas, sino de una tendencia estructural vinculada al cambio climático”. En 2024, la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana dejó precipitaciones extraordinarias, inundaciones generalizadas y graves daños animales, humanos y materiales, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de infraestructuras, explotaciones ganaderas, centros de protección animal y ecosistemas ante este tipo de fenómenos.

Más recientemente, la borrasca Leonardo impactó con especial intensidad en Andalucía, provocando lluvias torrenciales, desbordamientos de ríos y miles de desalojos. En estos contextos, subrayan desde FAADA, la evacuación de animales de compañía, la afección a explotaciones ganaderas y la mortalidad o desplazamiento de fauna silvestre se convierten en una realidad que no siempre cuenta con protocolos “claros, homogéneos y coordinados”.

A estos episodios se suman los incendios forestales de gran magnitud registrados en los últimos años y las olas de calor extremas que afectan directamente a la salud y supervivencia de animales domésticos y silvestres. La acumulación de eventos extremos, señalan, “confirma la necesidad de avanzar hacia una planificación estructural que integre de forma real la protección animal en la gestión de emergencias”.

LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE PROTEGER ANIMALES ANTE CATÁSTROFES

La organización recuerda que el artículo 12 de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, establece la obligación de las administraciones públicas de adoptar medidas para la protección de los animales en situaciones de catástrofe, emergencia o riesgo grave.

Sin embargo, consideran que la experiencia reciente demuestra que aún existen “vacíos normativos, operativos y de coordinación interadministrativa” que generan respuestas desiguales según el territorio y el tipo de animal afectado.

Por ello, FAADA ha solicitado a la Dirección General de Derechos de los Animales que informe sobre las actuaciones realizadas hasta la fecha y sobre la posible elaboración de protocolos o directrices específicas en coordinación con las comunidades autónomas y otros agentes implicados.

Asimismo, ha reclamado que el Consejo Estatal de Protección Animal participe activamente en el diseño, debate y validación de cualquier iniciativa en curso. En caso de no existir una línea de trabajo consolidada, proponen activar de forma prioritaria una mesa o grupo específico dentro del Consejo que aborde de manera transversal la integración de la protección animal en la planificación y gestión pública de emergencias.

“La protección animal debe incorporarse de manera estructural, operativa y coordinada en los sistemas de respuesta ante emergencias”, subrayan desde la entidad, e insisten en que proteger a los animales en contextos de crisis “no es una cuestión secundaria: es una obligación legal y ética que forma parte de una gestión del riesgo verdaderamente responsable”.