La Justicia confirma la condena por el atraco a un hospital veterinario de Madrid cometido durante un servicio de urgencias

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena impuesta al autor de un robo con intimidación cometido en un hospital veterinario de Getafe durante la madrugada, después de desestimar íntegramente el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia.

Los hechos se remontan a mayo de 2022, cuando el acusado acudió al centro veterinario acompañado por otras personas cuya identidad no pudo determinarse. Aprovechando que el hospital permanecía abierto para atender urgencias veterinarias, solicitaron ayuda a través del interfono para conseguir que la veterinaria de guardia les abriera la puerta.

Una vez en el interior, el condenado sujetó con fuerza a la profesional por el brazo y la amenazó con un objeto con apariencia de pistola, exigiéndole que entregara todo el dinero y le indicara dónde se encontraba la caja registradora. Mientras tanto, otro de los participantes registraba los cajones de la recepción en busca de objetos de valor.

Al no conseguir abrir la caja registradora, el asaltante la arrancó de los cables que la sujetaban y continuó recorriendo distintas dependencias del hospital preguntando insistentemente por una supuesta caja fuerte. Tras comprobar que no existía más efectivo que el contenido en la caja registradora, abandonó el establecimiento llevándose el dinero y el propio cajón registrador, no sin antes volver a amenazar a la veterinaria para impedir que se acercara a la puerta.

La profesional no sufrió lesiones físicas, aunque durante el asalto fue agarrada en varias ocasiones y permaneció bajo una situación de intimidación constante.

LA IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR

Uno de los principales argumentos del recurso se centró en cuestionar la identificación del acusado. La defensa sostuvo que el reconocimiento realizado por la veterinaria había podido verse influido por la forma en que la Policía llevó a cabo la investigación.

Sin embargo, la Audiencia considera que existen suficientes elementos para dar plena validez a la identificación. La sentencia destaca que la veterinaria ofreció desde el principio una descripción detallada del asaltante, incluyendo su estatura aproximada, la ropa que vestía, el tamaño de sus ojos y una pérdida de cabello visible cuando la capucha se desplazó durante el robo.

Además, el tribunal recuerda que la profesional reconoció posteriormente al sospechoso en una composición fotográfica elaborada por la Policía y volvió a identificarlo durante la correspondiente rueda de reconocimiento judicial, manteniendo siempre la misma versión de los hechos.

La resolución subraya igualmente que la víctima no mantenía ninguna relación previa con el acusado, circunstancia que refuerza la credibilidad de su testimonio y descarta la existencia de cualquier motivo espurio para incriminarle.

EL ARMA Y LA INTIMIDACIÓN

La defensa también negó que pudiera considerarse acreditada la utilización de un arma al no haberse recuperado el objeto empleado durante el robo.

No obstante, la Audiencia rechaza este argumento y recuerda que la veterinaria declaró de forma clara y reiterada que el acusado portaba una pistola, llegando incluso a sujetarla durante el forcejeo y apreciando que tenía peso.

Aunque no haya podido determinarse si se trataba de un arma de fuego real o simulada, el tribunal señala que un objeto de estas características constituye igualmente un medio peligroso por su capacidad intimidatoria y por la posibilidad de emplearse como instrumento contundente, criterio respaldado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La sentencia añade que la mera exhibición de un arma con apariencia real genera en la víctima una situación de temor que incrementa el riesgo inherente al delito de robo con intimidación.

SIN DILACIONES INDEBIDAS

El acusado también solicitó que se apreciara la atenuante de dilaciones indebidas, alegando el tiempo transcurrido entre los hechos y la celebración del juicio.

La Audiencia descarta igualmente esta pretensión al considerar que la duración del procedimiento estuvo justificada por las circunstancias de la investigación, que inicialmente fue archivada por falta de autor conocido y reabierta cuando aparecieron nuevos elementos para identificar al responsable.

En consecuencia, el tribunal confirma íntegramente la condena de cuatro años y seis meses de prisión por un delito de robo con intimidación, así como la obligación de indemnizar al propietario del hospital veterinario por el dinero sustraído y por el valor de la caja registradora, cuya tasación se determinará en ejecución de sentencia. Además, desestima el recurso de apelación y declara de oficio las costas de esta segunda instancia.