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ANIMALADAS

A juicio dos veterinarios implicados en una red clandestina de peleas de perros

La Audiencia Provincial de Madrid va a celebrar un macrojuicio contra los miembros de la red que criaba ejemplares de razas potencialmente peligrosas y proporcionaba medicamentos y sustancias dopantes a los animales

Foto de archivo de la Guardia Civil.
Foto de archivo de la Guardia Civil.

A juicio dos veterinarios implicados en una red clandestina de peleas de perros

La Audiencia Provincial de Madrid va a celebrar un macrojuicio contra los miembros de la red que criaba ejemplares de razas potencialmente peligrosas y proporcionaba medicamentos y sustancias dopantes a los animales

Alfonso Neira de Urbina - 22-02-2022 - 14:39 H - min.

El próximo 7 de marzo arranca un macrojuicio en la Audiencia Provincial de Madrid contra una extensa red dedicada a peleas clandestinas de perros a nivel nacional y con participación en competiciones internacionales.

El grupo organizado, presuntamente, según el escrito de calificación de la fiscalía al que ha tenido acceso Animal’s Health, organizaba y participaba en peleas y criaba perros de razas potencialmente peligrosas, a los que entrenaban para ser más agresivos y les proporcionaba medicamentos y sustancias dopantes para mejorar su rendimiento y aumentar su masa muscular.

Los miembros de la organización estaban divididos por funciones y existía una división territorial, ya que la red trabajaba a nivel nacional, local y regional, con grupos identificados en Madrid, Canarias, Alicante, Murcia, Almería y Málaga.

Concretamente, la trama estaba formada por grupos pequeños interconectados entre sí con una dimensión territorial que, además, presentaban ramificaciones internacionales, utilizando perros que destacaban por su agresividad en la competición internacional.

Según la acusación de la fiscalía, de esta red de peleas de perros formaban parte dos veterinarios. Uno, colegiado en Toledo y Madrid y otro, en Santa Cruz de Tenerife.

Ambos profesionales ayudaban a la supuesta trama ilegal desde sus demarcaciones geográficas y, en ambos casos, evitaban que los acusados requirieran tratamiento en otros centros veterinarios, y así impedían generar sospechas ante las heridas de los canes y posibles denuncias.

Asimismo, el veterinario colegiado en Madrid y Toledo asistía y asesoraba a los acusados en Madrid sobre el tratamiento de los perros, facilitaba la documentación administrativa necesaria para la identificación, transporte y tenencia de los animales, aportaba medicación de exclusiva administración veterinaria y ofrecía su conocimiento sobre el tratamiento médico, siendo consciente de la actividad ilícita que el resto de los acusados realizaba con los perros.

Por su parte, el veterinario colegiado en Santa Cruz de Tenerife formaba parte de la organización en Canarias y también aportaba conocimientos técnicos sobre el tratamiento médico de los perros.

Además, practicaba análisis sanguíneos, propiciaba la recuperación de los ejemplares tras los encuentros para que pudiesen seguir peleando, extendía recetas de diversos medicamentos, entre ellos dopantes, proporcionaba recetas en blanco y documentaba a los animales.

En este sentido, en cuanto a la red en Canarias, también destaca la participación de un policía local, quien era asimismo criador. Este acusado colaboraba en la organización de los eventos, utilizando una amplia red de contactos, y buscaba y facilitaba al supuesto grupo delictivo sustancias anabolizantes para suministrar a los perros para prepararlos para las peleas.

ANIMALES CRIADOS PARA LAS LUCHAS DE PERROS

Según el escrito de la Fiscalía, el grupo organizado ha estado operando desde septiembre de 2016, tanto en España como a nivel internacional. La actividad de la red, estrechamente relacionada con el maltrato animal, consistía en organizar, promover y participar en peleas de perros con la intención del enriquecimiento.

Para ello, el propio grupo criaba a los perros de razas potencialmente peligrosas, a los que entrenaban y adiestraban para ser más agresivos y proporcionaban fármacos y dopantes que, además de ser perjudiciales para los ejemplares, no eran administrados por veterinarios. Esto tenía como finalidad mejorar el rendimiento y la recuperación y aumentar la musculatura.

La acusación indica que los animales sufrían una situación de “cruel maltrato” desde que nacían, con castigos, alimentación inadecuada y duros entrenamientos físicos.

Es más, los acusados llegaban a usar cintas de correr para desarrollar las capacidades musculares y la resistencia aeróbica del perro, llevando al animal hasta la extenuación. Estos ejemplares eran destinados a peleas, eran utilizados como “sparring” o los mataban cuando ya no les eran de utilidad.

Los acusados se dividían las diferentes funciones que había que desarrollar en la organización. Así, unos organizaban y dirigían la red, montando los eventos y las peleas privadas, poniendo en contacto los miembros de red y decidiendo el destino de los perros. Otros cuidaban de los perros, los criaban y los entrenaban para las peleas, además de medicarlos y suministrarles la documentación. Por último, otros miembros participaban en las peleas con sus apuestas.

FINCAS CON ANIMALES EN PÉSIMO ESTADO

En las diferentes fincas que se han inspeccionado en diferentes puntos de la geografía nacional han encontrado perros que estaban en un muy mal estado. De hecho, varios ejemplares murieron a consecuencia del estado de salud en el que se encontraban y, otros, tuvieron que ser sacrificados.

Asimismo, en general las fincas no presentaban una correcta disposición para los perros, ya que estos estaban en condiciones de higiene lamentables, sin agua ni comida, y no disponían de lugares donde resguardarse de las inclemencias meteorológicas.

Otro punto destacado en el texto de la Fiscalía es que también se ha encontrado diversa medicación que dispensaban acusados que no tenían cualificación para ello.

Por todo ello, los diferentes miembros de la red han sido acusados de un delito de pertenencia a organización criminal, un delito continuado de maltrato animal y un delito de omisión de la obligación de perseguir delitos.

En el caso de los veterinarios, la fiscalía pide para cada uno de ellos dos años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante ese periodo, y dieciséis meses de prisión, también con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con los animales y para la tenencia de animales durante 3 años.

Por último, la fiscalía también solicita una serie de indemnizaciones a protectoras de animales.

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