Inhabilitan a una enfermera veterinaria de Reino Unido por robar medicamentos para consumirlos

El Comité Disciplinario del Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS) ha ordenado que una enfermera veterinaria de Bristol sea eliminada del Registro después de ser declarada culpable de robar medicamentos controlados de un centro en el que trabajaba.

Desde el RCVS recuerdan que la asistente había sido condenada por un delito de hurto, tras robar buprenorfina, por lo que tuvo que pagar una multa. A esto se suman otros cuatro cargos.

El primer cargo se relaciona con el robo de 5 ml de metadona y su posterior inyección. La policía investigó el incidente y la asistente aceptó una amonestación por el robo, con la condición de que asistiera a un curso de concienciación sobre drogas. En el segundo cargo, la asistente cogió una jeringa de metadona y se la inyectó ella misma.

El tercer cargo se produjo tras consumir de forma fraudulenta metadona, gabapentina y buprenorfina, inyectándose la buprenorfina y trabajando posteriormente cuando no estaba en condiciones de hacerlo. El cuarto cargo está relacionado con otro incidente, cuando tomó una jeringa de buprenorfina con el propósito de autoadministrarse.

Al inicio de la audiencia, se le leyeron los cargos, y los admitió en su totalidad. Tras revisar todas las pruebas y tomar en cuenta las admisiones, el Comité concluyó que cada uno de los cargos estaba probado.

Tras la conclusión del proceso penal y su notificación al Colegio, la asistente escribió una carta expresando sus más sinceras disculpas, tanto al RCVS como a la profesión.

En ella, también dejó claro que asumía toda la responsabilidad de sus actos. En una declaración posterior, añadió que había intentado aprovechar la experiencia para aprender y mejorar en todos los aspectos de su carrera y vida, y que no quería defender su comportamiento.

FALTA PROFESIONAL GRAVE

Finalmente, se concluyó que, en cada uno de los cargos individuales, la conducta de la profesional “estaba muy por debajo de la conducta esperada de un miembro de la profesión y que cada uno de los cargos del uno al cuatro equivalía a una falta profesional grave”.

En relación con la condena penal, el Comité observó que la naturaleza y las circunstancias del delito implicaban deshonestidad, abuso de su posición profesional en relación con el acceso a medicamentos controlados, abuso de la confianza de su empleador, y que la mala conducta tuvo lugar a pesar de una investigación policial por conducta similar. Por lo tanto, el Comité concluyó que incapacitaba a la asistente para ejercer.

Kathryn Peaty, presidenta del Comité y representante del mismo, declaró que “el Comité consideró que la falta cometida en su conjunto resultó ser tan grave que era incompatible con la permanencia en el registro”.

Tras considerar todos los factores agravantes y atenuantes, y sopesando el interés público y la necesidad de defender y mantener los estándares de la profesión, el Comité concluyó que la sanción de expulsión era la única acción proporcionada que podía imponer en este caso.

Decidió también que dicha sanción mantenía la confianza pública en la profesión veterinaria, salvaguardaba el bienestar animal y protegía al público de cualquier riesgo futuro de repetición de conductas similares.