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ANIMALADAS

Desarticulan red que falsificaba microchips con una cómplice veterinaria

El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid ha colaborado en la operación de la Guardia Civil, que ha puesto fin a una organización que robaba galgos y falsificaba su documentación.

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Guardias civiles leen el microchip de un galgo en una operación similar

Desarticulan red que falsificaba microchips con una cómplice veterinaria

El Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid ha colaborado en la operación de la Guardia Civil, que ha puesto fin a una organización que robaba galgos y falsificaba su documentación.

Redacción - 08-03-2019 - 14:10 H

La Guardia Civil ha concluido la Operación Galg@, iniciada en Ávila el pasado mes de enero, con la investigación de seis personas, una de ellas una veterinaria de Madrid, acusadas de cometer varios delitos de maltrato animal y falsedad documental.

Según informaba este jueves 7 de marzo el instituto armado, en el curso de esta operación que ha supuesto numerosas inspecciones en las provincias de Madrid y Toledo, han sido recuperados dos galgos que han sido entregados a sus legítimos propietarios.

Esta actuación comenzó a principios del pasado enero con la detención de cuatro individuos por cazar ilegalmente con cinco galgos en una localidad abulense, descubriéndose entonces irregularidades derivadas de la lectura de los microchip para identificar los galgos aprehendidos en aquella intervención.

Y es que uno de esos canes era hembra, una circunstancia que no coincidía con la base de datos del Registro de Identificación de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid (RIAC), donde figuraba como galgo macho.

Por ello, se solicitó al Colegio de Veterinarios de Madrid (Colvema) los datos del veterinario que implantó el microchip, resultando ser una mujer de Madrid que habría identificado de forma ilegal a 43 perros y un hurón durante los últimos cuatro años.

Ante estos hechos, durante los meses de enero y febrero se realizaron inspecciones en Madrid y Toledo para comprobar las cartillas sanitarias y el estado higiénico sanitario de unos 180 perros de distintas razas, propiedad de 38 personas diferentes y con domicilios en 11 ciudades. Dichas inspecciones obligaron a sancionar administrativamente a ocho personas por cometer 43 infracciones relacionadas con los animales inspeccionados.

En una de esas inspecciones se comprobaron 75 canes de diferentes razas, viendo que cinco galgos presentaban un estado caquéctico provocado por extrema desnutrición, lo que obligó a su traslado a una protectora de animales madrileña ante su "mal estado higiénico sanitario".

Once de esos canes fueron puestos a disposición judicial hasta descubrir su propiedad, siendo halladas, además, un centenar de palomas de colombicultura, cuyo centro de cría no se encontraba registrado en la Federación Madrileña de Colombicultura (FMC).

A raíz de estas inspecciones, se confirmó que la veterinaria madrileña "no cumplimentó fielmente" la cartilla sanitaria, ni la inscripción en la Base de Datos Oficial, lo que imposibilitaba la correcta identificación de los animales, cometiendo un delito de falsedad documental, facilitando la posibilidad de legalizar galgos robados.

Durante la investigación se tomó también declaración a otra veterinaria de la Comunidad de Madrid que trabajó para la Federación Española de Galgos (FEG), al haberse encontrado "irregularidades en el tatuaje de dos galgos"

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