Debate sobre la eutanasia veterinaria en el Tribunal Supremo: Absuelven a una mujer acusada de desatender a su perro con cáncer

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que absuelve a una mujer acusada de maltrato animal por no haber practicado la eutanasia a su perra, que padecía un tumor mamario ulcerado en estado terminal que le causaba dolor.

La resolución, a la que ha tenido acceso Animal’s Health, desestima el recurso de casación interpuesto por una asociación protectora de animales, confirmando la absolución dictada por la Audiencia Provincial de Valencia en 2022, tras haber sido condenada en primera instancia en 2021.

El caso se remonta a 2018, cuando la propietaria regresó de Bolivia y encontró a su perra, que no tenía microchip y no estaba registrada, en un grave estado de salud. El 3 de octubre de ese año, la llevó a una clínica veterinaria, donde le diagnosticaron un tumor mamario ulcerado de grandes dimensiones, con tejido necrótico e infección asociada.

El animal presentaba fiebre, mala condición corporal y estaba postrado, lo que llevó a la profesional que le atendió a recomendar la eutanasia. En ese momento, la propietaria argumentó que tenía que consultar la decisión con su hija, por lo que optó por aplicarle un tratamiento paliativo de antibióticos y antiinflamatorios para cinco días, así como la limpieza de la zona, con la expectativa de que regresara para proceder con la eutanasia.

En este punto, la acusación explicó que la solución a la grave enfermedad de la perra no era de entrada la eutanasia, sino el tratamiento quirúrgico con mastectomía y solo cuando la acusada dijo que no podía costearlo, la veterinaria recomendó la eutanasia por razones humanitarias, ya que el animal estaba sufriendo.

Finalmente, esta eutanasia nunca se produjo, ni tampoco se le aplicaron al animal los cuidados que se habían recomendado. De hecho, no fue hasta el 15 de enero de 2019 cuando la perra volvió a ser atendida, tras una llamada para atender a uno de los residentes del hogar y tras ver el estado del animal se produjo la intervención de la Policía Local de Valencia y su traslado al Núcleo Zoológico Municipal.

En ese momento, presentaba una herida sangrante que ocupaba el 50% de su abdomen, inflamada y necrosada, con metástasis derivadas del tumor e infección. En la sentencia condenatoria de primera instancia, se señalaba que los veterinarios constataron que el estado del animal se había agravado por la falta de asistencia y cuidados durante más de tres meses, lo que los llevó a practicar una eutanasia humanitaria.

RAZONES PARA LA ABSOLUCIÓN

Sin embargo, en la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial se señalaba que “el estado de la perra era similar al que presentaba el 3 de octubre de 2018” y que “de las pruebas practicadas no se puede concluir que hubiera maltrato activo y ni tan siquiera abandono del animal”.

Asimismo, destacaban que “el amor que los dueños tienen por los animales de compañía ha de ser tomado en cuenta para no calificar la eutanasia como un comportamiento debido”, concluyendo “que la prueba no es concluyente de que el sufrimiento del animal fuese superior a su derecho a la vida”.

En la misma línea, el Tribunal Supremo defiende que “en este escenario tan complejo e incierto no siempre resulta fácil valorar, por parte de aquellos que tienen o tratan a un animal que sufre, el daño que comporta su muerte y el daño relacionado que supone matarlo”.

“No puede extrañar, por tanto, que pueda rechazarse por razones morales causar o propiciar que otros maten mediante técnicas eutanásicas al animal al que se dispensa un sentimiento de afecto”, añaden.

En general, señalan que, “ya se adopte una u otra posición moral frente al sufrimiento del animal, el debate pone de relieve la extremada dificultad de establecer un deber jurídico de practicar técnicas eutanásicas ante situaciones de sufrimiento grave e irreversible”.

VOTO PARTICULAR EN CONTRA

Esta sentencia cuenta con un voto particular firmado por dos magistrados, que discrepan de esta interpretación y piden dejar de lado los debates morales sobre la eutanasia, y consideran que la propietaria sí incurrió en un delito de maltrato animal por permitir, mediante una “prolongada situación de abandono y desatención”, el agravamiento de las lesiones de la perra.

Según este voto, la falta de cuidados entre octubre de 2018 y enero de 2019 —como no seguir el tratamiento paliativo prescrito— aceleró el deterioro físico del animal, más allá del dolor, con heridas infectadas y necrosis que podrían haberse mitigado con atención veterinaria adecuada.

Para ello, describen la primera visita de octubre de 2018, en la que la veterinaria le receta un determinado tratamiento paliativo; sin embargo, la acusada no le proporcionó atención veterinaria a la perra hasta enero de 2019.

“Ni durante ese periodo la curó y cuidó en los términos prescritos, dejando que empeorara, a pesar de los graves dolores que padecía, consecuencia de la enfermedad”, sostienen.

Así, consideran que desde el 3 de octubre de 2018 hasta el 15 de enero de 2019 el estado de salud del animal “fue agravándose potencialmente por la falta de asistencia y tratamiento veterinario, como consecuencia del total descuido y falta de cuidados por parte de la acusada...".

“El que se dé por probado que la acusada permitiera que el estado de salud de la perra fuera agravándose potencialmente por la falta de asistencia y tratamiento veterinario, como consecuencia de su total descuido y falta de cuidados, solo se puede entender como consecuencia de una patente y prolongada situación de abandono y desatención”, concluyen.