El Ayuntamiento de Logroño abre un segundo expediente sancionador a la empresa que gestiona el Centro de Acogida de Animales

La pasada semana, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño aprobó abrir un expediente sancionador por infracción grave a la empresa que gestiona el Centro Integral de Acogida de Animales de la ciudad.

El Ayuntamiento ha explicado que este expediente se abrió ante el aviso de los técnicos municipales de que esta empresa no contaba con el personal mínimo ni con el horario estipulados en el pliego de prescripciones técnicas del contrato, sumado a una prestación deficitaria del servicio.

Ahora, en la Junta de Gobierno de esta semana se ha aprobado abrir un segundo expediente sancionador a Athisa Medio Ambiente, S.A, que gestiona de forma indirecta desde el año 2018 del Centro Integral de Acogida de Animales. Esta empresa ofrece servicio las 24 horas los 365 días del año para garantizar la recogida y atención veterinaria "in situ", así como la supervisión veterinaria oportunas de los animales perdidos, abandonados, heridos y enfermos en la vía pública en la ciudad.

En esta ocasión, desde el consistorio se explica que varios expedientes de Policía Local del pasado mes de junio informaron de deficiencias en el servicio de recogida de animales. “Convocada una reunión con Athisa Medio Ambiente, S.A. con el fin de exponerle los hechos y pedirle que se preste el servicio conforme a las condiciones pactadas, no se obtuvieron respuesta ni soluciones”, admiten.

Por todo ello, un nuevo informe del Consistorio determina que existe una situación deficitaria en la prestación del servicio de recogida, ocasionando que existe un riesgo en el bienestar de los animales en situación de abandono o extravío en nuestra ciudad, de manera que se considera que existen circunstancias suficientes para imponer un segundo expediente sancionador por incumplimiento grave de sus obligaciones.

La sanción será de multa de 3.001 a 12.000 euros. Además, cuando se estime conveniente por el órgano de contratación, los incumplimientos graves darán lugar a la resolución del contrato en los casos previstos en la Ley de contratos del Sector Público.

La empresa contará con un plazo de audiencia de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la recepción de la notificación permitente, para presentar las alegaciones y justificaciones que considere oportunas.

Además, se requerirá a la adjudicataria la adopción de medidas inmediatas para el cumplimiento íntegro del contrato.