Un nuevo estudio ha analizado la integración de la conservación y la participación comunitaria en la gestión de los gatos callejeros en un área protegida de Natura 2000 en las Islas Canarias
Administración y ecologistas lastran la eficacia de un proyecto de esterilización de colonias felinas en un área protegida de España
Un nuevo estudio ha analizado la integración de la conservación y la participación comunitaria en la gestión de los gatos callejeros en un área protegida de Natura 2000 en las Islas Canarias
Jorge Jiménez -
04-02-2025 - 10:09 H - min.
La Graciosa, un espacio Natura 2000 en las Islas Canarias, se enfrenta a importantes retos de conservación, como una gran población de gatos callejeros que amenaza la biodiversidad autóctona de la isla.
A este respecto, un estudio recientemente publicado ha analizado la integración de la conservación y la participación comunitaria en la gestión de los gatos callejeros en un área protegida de Natura 2000. En el estudio han participado investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, entre otras instituciones.
Los investigadores explican que, en julio de 2024, una campaña de captura-esterilización-retorno (CER) logró una tasa de esterilización del 81,4% dentro de las zonas urbanas, destacando la eficacia a corto plazo del CER para reducir el potencial reproductivo y, en consecuencia, mitigar las presiones de depredación principalmente a través de la prevención de nuevas camadas y la reducción de la actividad reproductiva de los gatos.
“El éxito de la campaña se basó en gran medida en la participación de la comunidad local, que colaboró en la identificación, captura y seguimiento de los gatos vagabundos, lo que facilitó una alta tasa de esterilización”, apuntan en el estudio.
Sin embargo, señalan que “las restricciones administrativas dificultaron el acceso a las zonas periurbanas, dejando sin esterilizar núcleos de población esenciales y limitando el alcance global de la campaña. Además, la fuerte oposición de los grupos ecologistas, amplificada por la amplia cobertura mediática, detuvo el proyecto prematuramente, reduciendo la tasa de esterilización efectiva al 69,3% en tres meses”.
En cuanto a este problema, los investigadores señalan que, aunque la campaña CER fue un primer paso fundamental, su continuidad enfrentó importantes desafíos debido a la cobertura mediática que amplificó las preocupaciones planteadas por las organizaciones ecologistas locales.
“Estos grupos criticaron la campaña por perpetuar potencialmente los riesgos ecológicos que plantean los gatos comunitarios dentro del sitio Natura 2000, y su argumento principal se centró en la depredación continua de especies protegidas. Irónicamente, tales objeciones surgieron después de varias décadas de inacción, durante las cuales no se emprendieron esfuerzos significativos para abordar la creciente población de gatos comunitarios o sus impactos ecológicos. En lugar de apoyar esta intervención pragmática y no letal destinada a frenar la escalada del problema, estos grupos recurrieron a la crítica pública e incluso a amenazas de acciones legales, socavando una medida que buscaba prevenir un mayor crecimiento de la población y mitigar el daño a la biodiversidad local”, explican.
Además, añaden que “esta oposición, combinada con un mayor escrutinio público, condujo a decisiones administrativas que finalmente detuvieron el proyecto e impidieron la finalización de las esterilizaciones planificadas, lo que puso de relieve las profundas barreras sociopolíticas e institucionales que han obstaculizado durante mucho tiempo los esfuerzos de conservación de la biodiversidad en la isla”.
“El análisis de viabilidad poblacional (AVP) sugiere que el logro de altas tasas de esterilización podría conducir a una reducción de la población con el tiempo; sin embargo, la incapacidad de acceder a todos los segmentos de la población y de alcanzar el umbral ideal de esterilización del 93-95% limita el potencial del CER como solución a largo plazo”.
Por ello, los investigadores destacan que sus hallazgos subrayan la necesidad de marcos de gestión adaptativos y específicos para cada contexto en zonas ecológicamente sensibles que integren el CER con medidas complementarias, tengan en cuenta las barreras normativas y valoren la participación de la comunidad.
“Este estudio de caso aporta ideas cruciales para los responsables políticos y los conservacionistas que tratan de equilibrar la conservación de la biodiversidad con prácticas de gestión humanas en las áreas protegidas”, concluyen en el estudio.