A juicio una veterinaria acusada de sacrificar 39 perros de caza sanos

En Extremadura van a ser juzgadas 12 personas, entre ellas una veterinaria, por delitos de maltrato animal tras la muerte de 39 perros de caza, en su mayoría de la raza autóctona galgo español.

Según explica la fiscalía de Mérida, en el escrito de acusación al que ha tenido acceso Animal’s Health, la veterinaria, colegiada del Colegio de Veterinarios de Badajoz, “de manera continua y a requerimiento de sus propietarios” y entre 2017 y 2019, provocó la muerte de diferentes perros de razas especializadas en labores de caza.

Estos sacrificios, que también afectaron a otras razas como podencos o mestizos, fueron perpetrados, según la Fiscalía, “sin ajustarse en absoluto” a los protocolos exigidos por el Código Deontológico del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España sobre la praxis de la eutanasia.

De esta manera, los propietarios de los animales acudían a la veterinaria, alegando que los perros ya no cumplían de manera adecuada con las funciones cinegéticas que les tenían encomendadas, considerándolos pues “inservibles”, por lo que manifestaban su intención de deshacerse de ellos.

A continuación, la veterinaria, que también se enfrenta a una acusación de falsedad documental, se ofrecía a darles a los perros una muerte indolora mediante la administración intravenosa de un fármaco letal, para después los propietarios llevarse el cadáver, que solían enterrar en terrenos de su propiedad o en los extrarradios de sus localidades.

LOS PERROS DE CAZA SACRIFICADOS ESTABAN SANOS

Según remarca la Fiscalía, ninguno de los animales sacrificados adolecía de enfermedades físicas que comprometieran su vida o alteraciones en el comportamiento que hicieran peligrar la integridad física de propietarios, terceros u otros animales. Tampoco constataba el riesgo para la sanidad animal ni existía orden de la autoridad al respecto; requisitos previos todos ellos para poder practicar la eutanasia a los animales de compañía.

El Escrito de Acusación explica que ninguno de los perros sacrificados superaba los 5 años de edad, teniendo en cuenta que la esperanza de vida de los mismos oscila entre los 10 y los 14 años y la única justificación para su muerte era la inutilidad en la práctica de la caza.

Asimismo, la fiscalía subraya que la veterinaria incumplía con la obligación de constatar esta actuación en la ficha clínica concreta del animal, a pesar de que ella “conocía perfectamente” la ilegalidad de esto.

Los propietarios de los perros sacrificados y también encausados, eran clientes habituales de la veterinaria, originarios tanto de Ribera del Fresno (Badajoz) como de localidades aledañas. Esta les cobraba por cada actuación unos 15 euros, teniendo en cuenta que para realizar esta práctica sin soportar pérdidas económicas el precio no debe bajar de los 40 euros. Por esto, la Fiscalía considera que el objetivo de la veterinaria era fidelizar o incluso aumentar la clientela.

Por todo ello, la fiscalía pide imponer a la veterinaria por los 39 delitos de maltrato animal (uno por cada perro) una pena de prisión de 15 meses, con accesoria legal de privación del derecho de sufragio pasivo, y por el delito continuado de falsedad documental 2 años y 8 meses de prisión.

LA VETERINARIA PRESUNTAMENTE DABA DE BAJA A LOS PERROS SIN COMPROBAR LA CAUSA DE LA MUERTE

El número de perros dados de baja por la acusada dentro del término en que desarrolla su actividad profesional, en el referenciado periodo comprendido entre el 2017 y 2019, asciende a 166 sobre un censo de 1.389, de los que el 66% son de razas dedicadas a la caza, siendo el 56% menores de 5 años y el 82% menores de 10.

Asimismo, la Fiscalía considera que la veterinaria acusada ha constatado en el Registro de Identificación de Animales de Compañía de Extremadura (RIACE) que los perros por ella sacrificados a solicitud de los titulares cazadores en la manera anteriormente descrita, morían a causa de accidentes o enfermedades, ocultando la verdadera razón de inutilidad para la caza.

“Sin perjuicio de lo anterior, de forma sistemática, la acusada constataba en el RIACE con su firma, la causa y fecha de la muerte de perros sin comprobar siquiera el hecho en sí, basándose únicamente en la declaración del propietario para certificar ambas cuestiones”, señala el Escrito de Acusación.

Con esto, llegó a certificar que distintas muertes de perros de un mismo propietario ocurrían el mismo día, en base a enfermedades no comprobadas por ella ni especificadas en la historia clínica del animal, ya que esta acumulación dependía del momento de la visita del cliente correspondiente a la acusada.

Es decir, el día de la consulta a la veterinaria, el cliente aprovechaba para comunicarle las muertes de sus perros, supuestamente acaecidas desde que hizo la última visita a la veterinaria, tramitando esta las bajas de manera simultánea, con la constatación de la causa que le comunicara el propietario.