Solicitan medidas contra el envenenamiento de animales salvajes en España

A raíz del estudio ‘El veneno en España informe 2020’, realizado por las organizaciones WWF, MAVA Foundation pour la Nature, Birdlife Europe y SEO Birdlife, el cual analiza la evolución del envenenamiento de la fauna silvestre en el Estado español, durante el período de 1992 a 2017, el diputado Xavier Eritja, miembro de la 'Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales' (APDDA), ha registrado una 'Proposición no de Ley' para ser debatida en la 'Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico' del Congreso de los Diputados, a fin de atajar el problema de la muerte de miles de animales envenenados.

Según indica el estudio, durante el período 1992-2017 murieron 21.260 animales envenenados por consumo de cebos, en un total de 9.700 episodios de envenenamiento, aunque se estima que la dimensión de la problemática puede ser mucho más alta, ya que sólo se detecta una pequeña parte de los casos totales.

Las principales especies afectadas serían el buitre negro, el buitre leonado, el alimoche, el quebrantahuesos o el milano real y, en menor medida, mamíferos como el oso pardo, el lobo ibérico, el lince ibérico o el zorro.

Los análisis toxicológicos realizados apuntan a una cifra de más de 80 sustancias utilizadas para el envenenamiento de fauna o la elaboración de cebos envenenados. Algunas de ellas son legales y se encuentran autorizadas mayoritariamente para el control de plagas en los cultivos. 

No obstante, los venenos más utilizados en el Estado español son el Carbamato Aldicarb, sustancia prohibida desde el año 2007 y que aparece en el 40% de los episodios registrados, seguido del Carbofurano (24% de casos), prohibido desde 2008, y la Estricnina (5%), prohibida desde 1994. Las tres substancias están fuera de la Lista Comunitaria de Sustancias Activas autorizadas para su uso  como fitosanitarios, por haber demostrado ser peligrosas para la salud humana y el medio ambiente.

Ante todo ello, el diputado Eritja ha solicitado al Gobierno incrementar las sanciones por la tenencia de venenos para la captura o muerte de animales en la Ley 42/2007, revisar la estrategia contra el uso ilegal de cebos envenenados en el estricto y único ámbito de competencias de la Administración General del Estado, apoyar proyectos que den cobertura a la red de laboratorios toxicológicos especializados en el análisis de mortalidad de fauna silvestre, dotar de unidades caninas y de equipos con personal experto de seguimiento de especies de fauna amenazada y proveer de los recursos necesarios para mejorar la capacidad técnica de los centros veterinarios de recuperación de fauna, entre otras medidas.