Un informe encargado por la OCV concluye que la derogación del Real Decreto 666 dejaría sin cobertura aspectos esenciales del ejercicio veterinario, como la cesión

La eventual derogación íntegra del Real Decreto 666/2023 no devolvería al sector veterinario al marco normativo anterior. Por el contrario, dejaría sin una regulación nacional suficientemente detallada aspectos esenciales de la prescripción, el uso y el suministro de medicamentos veterinarios y generaría una mayor inseguridad jurídica para los profesionales.

Esta es la principal conclusión de un dictamen jurídico externo de una entidad independiente que analiza los efectos y las alternativas a una hipotética derogación de la norma. El estudio señala que las disposiciones anteriores que fueron derogadas en 2023 no recuperarían automáticamente su vigencia y que seguirían siendo aplicables tanto el Reglamento europeo como la legislación estatal de rango superior.

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España solicitó este análisis para evaluar con rigor una de las alternativas planteadas en el debate abierto dentro de la profesión y conocer sus consecuencias reales. En este sentido, el informe advierte de que una derogación aislada podría producir efectos contrarios a la mejora del ejercicio profesional que se pretende alcanzar.

LA DEROGACIÓN NO RECOBRARÍA LA VIGENCIA DE LA REGULACIÓN ANTERIOR Y SE GENERARÍA UN VACÍO NORMATIVO CON MAYOR INSEGURIDAD JURÍDICA

Una de las principales conclusiones del informe es que la derogación del RD 666/2023 no haría que recuperasen automáticamente su vigencia las normas que regulaban anteriormente los medicamentos veterinarios.

En concreto, quedarían sin una regulación nacional suficientemente clara o detallada cuestiones esenciales como el régimen del botiquín veterinario; la adquisición, custodia, transporte y administración de medicamentos; el contenido, la emisión y la validez de las recetas; las condiciones del examen clínico previo; la prescripción excepcional; el suministro de medicamentos a los profesionales; la venta a distancia; y determinados procedimientos de autorización y control.

El Reglamento europeo 2019/6 sobre medicamentos veterinarios seguiría siendo directamente aplicable, pero no regula por sí solo todas estas materias y deja numerosas cuestiones para su desarrollo por cada Estado. La derogación produciría, por tanto, un vacío que generaría inseguridad para los profesionales y podría comprometer el cumplimiento por España de sus obligaciones europeas.

LA CESIÓN DE MEDICAMENTOS PERDERÍA SU COBERTURA

El RD 666/2023 reconoce actualmente, aunque de manera limitada, la posibilidad de ceder determinados medicamentos para asegurar la continuidad de los tratamientos. La desaparición de esta regulación eliminaría la cobertura expresa de la cesión y sus condiciones concretas de aplicación.

Al mismo tiempo, seguiría vigente el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado en 2015, cuyo artículo 38 reserva la venta al por menor a las oficinas de farmacia y a otros establecimientos expresamente autorizados, sin incluir entre ellos a los centros veterinarios.

La derogación del RD eliminaría así parte del desarrollo reglamentario existente, pero mantendría intacta la restricción legal que se encuentra en el origen del problema. El informe sostiene que la cesión quedaría sometida a una mayor incertidumbre y expuesta a una interpretación restrictiva de la ley vigente.

EL RD 666/2023 Y LA LEY DE MEDICAMENTOS, EN PROCESO DE REFORMA

Actualmente, se encuentra en tramitación una modificación del RD 666/2023, cuyo periodo de audiencia pública ya ha concluido. El texto sometido a consulta contempla mejoras en la cesión de medicamentos, el reconocimiento del juicio clínico veterinario y la prescripción de tratamientos crónicos, entre otras cuestiones.

Estas modificaciones responden parcialmente a las demandas trasladadas por la profesión veterinaria desde la entrada en vigor de la norma. La Organización Colegial Veterinaria (OCV) considera necesario culminar esta reforma y asegura que seguirá trabajando para que ofrezca una regulación más clara, flexible y adecuada a las necesidades reales del ejercicio clínico.

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó el 21 de julio el Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que ha sido remitido a las Cortes y que pretende sustituir al texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, vigente desde 2015. Su tramitación parlamentaria ofrece la posibilidad de plantear cambios en aquellas restricciones de rango legal que no pueden resolverse mediante la modificación de un real decreto.

La OCV afirma que trasladará durante este proceso sus propuestas para garantizar una cobertura legal suficiente a la cesión y entrega de medicamentos vinculada al acto clínico, con las debidas garantías de control, trazabilidad y seguridad.