Junts presenta enmiendas a la Agencia de Salud Pública para derogar el RD 666/2023 y que los veterinarios puedan vender medicamentos

El Grupo Parlamentario Junts per Catalunya ha presentado enmiendas al Proyecto de Ley 121/000054, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de reformar el marco normativo que regula la prescripción, dispensación y venta de medicamentos veterinarios en España.

Las propuestas, firmadas por la diputada Pilar Calvo Gómez, se enmarcan en el debate sobre la creación de la futura Agencia Estatal de Salud Pública, pero apuntan directamente a modificar normas ya vigentes como el Real Decreto Legislativo 1/2015 y el Real Decreto 666/2023.

Las enmiendas, a las que ha tenido acceso Animal's Health, abordan cuestiones clave que han generado un amplio malestar en el colectivo veterinario. Entre los temas centrales se encuentran la venta directa de medicamentos por parte de clínicas veterinarias, la obligatoriedad de prescripción para los antiparasitarios, la ampliación de centros autorizados para la dispensación y la derogación del controvertido RD 666/2023, que instauró el sistema Presvet de control de antibióticos.

Una de las principales líneas argumentales de Junts es que la legislación española está desalineada con el marco jurídico europeo. En particular, citan el Reglamento (UE) 2019/6, que reconoce expresamente “el legítimo derecho del veterinario para la venta por menor del medicamento veterinario”. España, junto a Italia y Suecia, sería una de las pocas excepciones a esta práctica ampliamente extendida en la Unión.

La formación catalana también se apoya en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en la sentencia C-297/16 considera que dar a los veterinarios la exclusividad en la utilización de ciertos medicamentos es una medida “idónea para garantizar la realización del objetivo de protección de la salud pública”.

VENTA DE MEDICAMENTOS Y PRESCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE ANTIPARASITARIOS

De esta manera, una de las enmiendas plantea que los veterinarios clínicos puedan vender directamente medicamentos a propietarios de animales cuando exista historial clínico o urgencia. Según el texto, el actual sistema, que obliga a pasar por la farmacia, supone “cuatro o cinco intermediarios, complicando al consumidor el acceso al medicamento y encareciendo el precio final”. Además, se denuncia que muchos farmacéuticos carecen de formación específica en salud animal, lo que incrementa el riesgo de errores.

Otra de las enmiendas busca someter los antiparasitarios a prescripción obligatoria. La justificación se basa en casos documentados de intoxicaciones, sobre todo en gatos que reciben productos diseñados para perros.

“Es muy común la intoxicación de gato por uso de antiparasitarios a base de piretrinas autorizados para perros que se compran libremente en supermercados”, denuncia el documento. Además, advierten de un impacto ambiental significativo y del riesgo de aparición de resistencias en especies vectores, como los mosquitos.

También se propone en otra enmienda que los centros veterinarios con infraestructura adecuada puedan dispensar medicamentos, incluso aquellos prescritos por profesionales de otros países de la UE.

En este sentido, argumentan que la actual restricción es innecesaria y perjudica tanto al paciente animal como a la eficiencia del tratamiento. Recuerdan que “se considera oportuno elaborar un marco regulador que aborde las características y especificidades del sector veterinario, que no puede considerarse un modelo para el mercado de los medicamentos de uso humano”.

PETICIÓN DE DEROGACIÓN DEL RD 666/2023

Asimismo, otra de las enmiendas solicita la derogación total del Real Decreto 666/2023, el cual establece restricciones a la prescripción y uso de medicamentos veterinarios, incluyendo la implantación del sistema Presvet. De hecho, Junts considera que impone una “carga burocrática desmesurada”, es “desproporcionada” y no se justifica “en términos de proporcionalidad y racionalidad administrativa”.

En la misma línea, denuncia que “la frecuencia de declaración exigida en Presvet (quincenal), los campos que se requieren rellenar y las restricciones excesivas [...] prácticamente [anulan] el criterio clínico y el conocimiento técnico-científico actualizado”.

Además, advierten que estas restricciones “no superan el triple test [adecuación, necesidad, proporcionalidad]” exigido por el principio constitucional de buena administración. La norma, según el grupo parlamentario, estaría generando vacíos terapéuticos y “quitándole [al veterinario] la posibilidad de actuar con autonomía técnica y científica”.

Estas enmiendas se presentan en un contexto más amplio de presión por parte del sector veterinario, que lleva meses denunciando que la normativa española dificulta su labor clínica y no responde a las especificidades de la salud animal.