El Gobierno aprueba el Real Decreto que regula los laboratorios nacionales de referencia agroalimentarios

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regulan los laboratorios nacionales de referencia en materia agroalimentaria y de sanidad de la producción primaria, después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) sometiera el proyecto a audiencia e información pública entre el 25 de noviembre y el 16 de diciembre de 2025.

El proyecto puesto a participación pública tenía como objetivo regular las funciones y requisitos de estos laboratorios, fundamentales para garantizar los estándares más elevados de calidad en los análisis, ensayos y diagnósticos de laboratorio aplicados a todos los sectores de la cadena alimentaria, incluidos los insumos y el suelo agrario.

Según explicó entonces el MAPA, la ausencia de una regulación general había provocado que las distintas designaciones de los laboratorios presentaran características diferentes, tanto en lo relativo a su naturaleza jurídica como en cuanto al detalle de sus funciones. Desde el ministerio señalaban que esta dispersión y heterogeneidad no favorecía la accesibilidad de la información ni el fomento de estructuras de coordinación para garantizar el trabajo en red de los laboratorios oficiales de las distintas administraciones.

Por ello, el proyecto planteaba aunar en una sola disposición la designación de los laboratorios nacionales de referencia en estas materias. “Con el fin de dotar de la necesaria unidad y coherencia a la norma”, el texto recogía todas las designaciones realizadas en el marco de las competencias del MAPA, incluidas aquellas que, aun recayendo fuera del ámbito de aplicación estricto del reglamento, se amparaban en sus consideraciones, como ocurre en el caso de los fertilizantes.

Asimismo, el proyecto contemplaba unificar el mecanismo para el debido aseguramiento de la suficiencia financiera de estos laboratorios. El MAPA señalaba que, desde el momento de su designación como laboratorio nacional de referencia, estos centros quedan obligados a realizar las funciones correspondientes, lo que puede suponer un coste adicional. Por ello, el texto planteaba establecer un mecanismo común para instrumentar la transferencia de fondos públicos cuando dichas funciones no pudieran atenderse con los propios medios humanos y materiales del laboratorio.

Con la aprobación del Real Decreto por el Consejo de Ministros, la iniciativa que fue sometida a audiencia e información pública en 2025 ha recibido ahora la aprobación del Gobierno.