El Congreso abre la puerta a revisar la normativa para garantizar el acceso a medicamentos veterinarios en farmacias

El Congreso de los Diputados ha acordado revisar el marco legal que regula la prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios, en respuesta a las crecientes protestas del sector. La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aprobado este martes una enmienda transaccional pactada por Esquerra Republicana (ERC) y el PSOE, basada en una proposición no de ley registrada por los republicanos el pasado 4 de marzo.

La medida insta al Gobierno a abrir un diálogo con el sector veterinario para tomar medidas en pos de garantizar el acceso a medicamentos, especialmente antibióticos, en farmacias y otros puntos autorizados. Además, se reclama la reducción de la carga administrativa, la equiparación fiscal con otras profesiones sanitarias y el reconocimiento institucional del papel del veterinario en la salud pública, bajo el enfoque de ‘Una Sola Salud’.

Durante el debate, la diputada de ERC Etna Estrems defendió la iniciativa subrayando que las pequeñas clínicas tienen que hacer frente a trámites que son “absolutamente descomunales y requieren mucho tiempo de sus visitas”. También denunció que la normativa actual impide a muchas clínicas dispensar dosis completas y que, en zonas urbanas, ni siquiera las farmacias encuentran el antibiótico necesario, lo que retrasa tratamientos urgentes.

Desde el PSOE, el diputado Amador Marqués defendió el uso del sistema electrónico PRESVET, obligatorio para registrar prescripciones de antibióticos en animales de compañía desde enero, y recordó que su implantación se inició en 2018 con el Gobierno del PP.

Por su parte, Vox presentó una propuesta alternativa que pedía directamente la derogación del Real Decreto 666/2023 y su sustitución por una nueva norma elaborada con participación directa del sector. “Es la única forma real de resolver los problemas que ha generado esta regulación”, defendió el diputado José Ramírez del Río, quien criticó que se haya impuesto “sin consenso y sin contar con los profesionales”. La iniciativa fue apoyada por el Partido Popular, pero fue rechazada.

La diputada del PP María del Socorro Cuesta fue especialmente crítica con la norma. Denunció que convierte al veterinario en “un burócrata vigilado, sin seguridad jurídica ni medios para ejercer con responsabilidad”, y que está “vaciando aún más el mundo rural” al empujar al cierre a muchas clínicas incapaces de asumir la carga administrativa.

Otros grupos, como Sumar, BNG, EH Bildu y el Grupo Mixto, también respaldaron la enmienda ERC–PSOE. El diputado Nahuel González de Sumar reclamó una bajada del IVA veterinario y un trato diferenciado entre animales de producción y animales de compañía. Desde el BNG, Néstor Rego pidió incluso una moratoria en la aplicación del decreto, para evitar situaciones en las que “el criterio clínico del veterinario queda bloqueado por trámites inaplicables en la práctica”.